La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá el próximo jueves 2 de octubre con los consejeros de Vivienda de las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Gobierno aprobará antes de que acabe el año.
La convocatoria llega después de que el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se reuniera el pasado jueves con la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que reiteró la «mano tendida» del Gobierno a las comunidades para acordar dicho plan.
El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
La otras dos compromisos del Plan pasan por blindar el parque público de manera permanente e impulsar un sistema de datos públicos y fiables para favorecer la información transparente y clara a través de la colaboración con las comunidades autónomas.
Actualmente, el Plan se encuentra en audiencia pública y se podrán realizar aportaciones al mismo hasta el próximo día 7 de octubre.
En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.
La ministra de Vivienda ha pedido en numerosas ocasiones a las comunidades autónomas su colaboración para este Plan. No obstante, hace unas semanas aseguró que si las autonomías no se sumaban, la inversión que estaba prevista para ellas, irá a «los ayuntamientos que quieran comprometerse en políticas de vivienda».
A pesar de ello, recientemente, Rodríguez ha asegurado que las comunidades se han mostrado «favorables» a hablar, salvo en el caso de Madrid, que ya ha trasladado su negativa a formar parte de este acuerdo. La ministra ha trasladado su confianza en alcanzar un acuerdo con las autonomías lideradas por el PP «si no hay una llamada de Génova».
«No espero nada de Feijóo, pero sí espero de quienes hoy presiden comunidades autónomas, aunque sus siglas sean las del Partido Popular y también de los alcaldes y alcaldesas que están en sus ayuntamientos con las siglas del Partido Popular», afirmó Rodríguez hace pocos días en una entrevista.
TRES COMPROMISOS «IMPRESCINDIBLES» PARA EL GOBIERNO
En el nuevo Plan de Vivienda el Gobierno llama a las comunidades autónomas a sumarse a un Acuerdo de Estado para triplicar la inversión destinada a políticas públicas de vivienda, garantizar la protección permanente del parque público e impulsar la transparencia en los datos para que la ciudadanía cuente con información fiable y actualizada.
En este sentido, desde el Ministerio de Vivienda han indicado en distintas ocasiones que es «imprescindible» que las comunidades asuman estos tres compromisos, que, según fuentes del Ministerio, ya han sido aceptados por Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia.
A pesar de ello, el secretario de Estado de Vivienda trasladó el pasado jueves en la comisión multilateral de Vivienda y Suelo a los responsables autonómicos que el Ministerio está abierto a incorporar nuevas aportaciones que puedan hacer las comunidades autónomas para «mejorar» el plan, ya sea a través del proceso de audiencia abierta o en reuniones bilaterales.
EL 40% DE LOS 7.000 MILLONES A MÁS OFERTA DE VIVIENDA PÚBLICA
Las principales líneas del Plan contemplan que de los 7.000 millones, hasta un 40% se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes.
El nuevo Plan se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
