El Congreso comenzará a debatir este martes la reforma legal que Junts asegura haber pactado con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.

En concreto, este martes, 23 de septiembre, se ha convocado la ponencia encargada de analizar esa norma, que está formada por los distintos grupos parlamentarios y se reunirá a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y empezar a incluir algunas al texto.

La ponencia de la Comisión de Derechos Sociales se reunirá justo una semana después de que se desconvocara una primera reunión y de que Junts anunciara la medida que ha provocado la indignación del mundo empresarial y de PP y Vox.

CONSUMO DICE QUE LA INTENCIÓN NO ES ESA

Después del anuncio de Junts, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy aclaró que esa medida continúa en negociaciones y que la intención del Gobierno es que las compañías garanticen la atención de reclamaciones en catalán, gallego o euskera allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. El ministro de Sumar apostilló que la medida afectará sólo a grandes empresas y no a pequeños comercios como «una ferretería».

Así las cosas, la ponencia se reunirá para empezar a estudiar las 234 enmiendas registradas y no descarta que haya que convocar otra sesión de este órgano antes de elevar el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales.

Entre esas enmiendas hay varias de Junts sobre este asunto y una en concreto modifica la exposición de motivos para dejar claro que las empresas tendrán que contestar a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias «en la misma lengua en la que se realizaron estas».

El partido de Carles Puigdemont sostiene que esta medida afectará entre otras a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros o aseguradoras.

Las enmiendas del partido también establecen la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas expuestas y ya no será obligatorio responder «como mínimo» en castellano, sino que se hará mediante la lengua con la que el cliente se ha dirigido a la empresa. Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último.

En concreto, la redacción original del proyecto de ley, que según el partido de Miriam Nogueras se ha modificado en favor de su tesis, contempla que se responda a las consultas en la misma lengua en la que «se realizó el contrato o la oferta comercial» y «al menos, en castellano a solicitud de la persona consumidora o usuaria».

Con este proyecto también se busca garantizar que los clientes sean atendidos por personas en vez de máquinas si así lo desean y que no tengan que esperar más de 3 minutos para ser atendido al hacer una reclamación.

PROHIBIDO EL SPAM

También va a prohibir las llamadas spam usando códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales no consentidas, y se van a declarar nulos todos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, obligando también a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años.

Además, se obligará a las empresas a comunicar con 15 días de antelación la fecha en la que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online, así como ha facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.

Otra novedad es que la ley pondrá coto a las reseñas falsas que se publican de manera online, ofreciendo además a la empresa que recibe la reseña la posibilidad de réplica y de solicitar la eliminación de la misma cuando pueda acreditar que no es real.

También se va a poner coto a los precios engañosos de entradas o billetes en venta online, obligando a que los gastos de gestión se incluyan en el precio que se ofrece desde el principio.

La ponencia decidirá finalmente cómo queda el texto y lo enviará a comisión, donde también se reunirán los grupos parlamentarios pero ya en sesión pública. Finalmente, el texto se elevará al Pleno para aprobarlo y enviarlo al Senado, donde proseguiría con los mismos pasos de la tramitación (ponencia, comisión, pleno).