El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Ourense ha acogido este miércoles una vista entre el Ayuntamiento de Ourense y placeros, que busca poner fin al conflicto sobre quién tiene la competencia de la finalización de las obras del Mercado de Abastos.

La misma ha tenido lugar después de que placeros solicitasen medidas cautelares para suspender el requerimiento que había presentado el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en el que se exigía a placeros elaborar, en un plazo de tres meses, un plan de usos para finalizar la reforma del edificio original de la Plaza de Abastos, y un plazo de seis meses para ejecutarlo y desplazarse a este definitivamente.

En este contexto, el abogado defensor del Ayuntamiento de Ourense ha insistido en que la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos nº1 se ocupe de asumir la finalización de las obras del edifico original, mientras que estos reiteran que se trata de una «competencia municipal».

Por su parte, el abogado de la asociación de comerciantes, el requerimiento presentado por Jácome «escapa del sentido común» porque «exige» a los placeros «costear unas obras» que «ya deberían estar finalizadas» según «lo estipulaba el contrato original» y que, además, «escapan» de las «capacidades económicas» de los comerciantes.

Así lo ha defendido también Paula Feijóo, arquitecta contratada por la asociación de placeros para determinar las «deficiencias» que presentaba el edificio reformado una vez finalizadas las obras y que ha sido llamada a declarar. «El coste estimado para terminar lo que falta en el edificio, según lo que yo redacté con técnicos e ingenieros que visitaron las obras, es de 2,3 millones de euros», ha explicado.

La arquitecta defiende que el edificio reformado «no responde» a lo que «se estipuló en el contrato inicial» y establece que el Ayuntamiento «es el que debería haber elaborado» el plan de usos mientras se realizaban las obras. «El resultado final no tiene nada que ver con lo licitado», ha lamentado.

Asimismo, el abogado defensor de los placeros ha recordado que la asociación «ya presentó» dos proyectos de ejecución con un plan de usos, uno elaborado por la arquitecta Paula Feijóo y el otro elaborado por el arquitecto técnico de la Xunta Luis Pérez, que «fueron rechazados por el Ayuntamiento».

«Lo que los placeros quieren hacer en el edificio quedó reflejado en la propuesta que yo redacté y que más tarde redactó Luis Pérez pero una tras otra fueron rechazadas», ha añadido Paula Feijóo, que, entre las principales «carencias» que presenta el edifico reformado, destaca una «carga y descarga sin resolver», «falta de instalaciones y acometidas» y «telecomunicaciones sin ejecutar», entre otras.

Por su parte, el abogado defensor de la corporación municipal ha reiterado que los placeros «hagan el plan» y «después ya se verá quién lo paga». Así, ha destacado que, «si el Ayuntamiento hiciese el plan de usos», los comerciantes «ya dirían que les corresponde a ellos decidir».

«Es como si reformo mi casa y le pido a mi arquitecto que haga con ella lo que le de la gana, ¿por qué no pueden hacer ellos el plan?, yo aún no lo he entendido», ha recalcado la defensa municipal.

En la misma línea, la arquitecta municipal, Elvira Carregado, también llamada a declarar, ha defendido que elaborar el plan de usos «no requiere demasiado» y ha ratificado que el Ayuntamiento «no aprobó» los proyectos de ejecución previamente presentados por Feijóo y Pérez porque estos «modificaban completamente» lo que «ya estaba resuelto» e «implicaban nuevas obras» que eran «de gran calibre».

«Los proyectos se rechazaron porque eran mucho más que un plan de usos, y no se adaptaban a la propia ejecución de las obras, hice un informe desfavorable por motivos técnicos», ha subrayado Carregado.

ACTA DE OBRAS NO RECEPCIONADA

Durante la vista, el abogado de defensa de los comerciantes ha incidido, además, en que, a pesar de que «existe un acta formal de recepción» de obras, «ni el interventor municipal ni el edil de urbanismo», Francisco Lorenzo, «llegaron a firmarla» y ha destacado que el interventor «no firmó» porque «detectó irregularidades» en el acta al «certificar cosas que no estaban instaladas», entre otras cuestiones.

Sin embargo, la representación municipal ha ratificado que las obras «si están recepcionadas» y ha achacado al interventor que «debería haber firmado» y «presentado las observaciones pertinentes» en el momento de recepción.