Delegados de la CIG-Ensino de los sectores de atención a las personas con discapacidad, a menores y de las escuelas infantiles de 0 a 3 años han denunciado «precariedad» en estos espacios, con salarios inferiores al salario mínimo profesional (SMI), y han exigido a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que atienda sus reivindicaciones.

Tal y como ha informado la CIG en un comunicado, los delegados se han concentrado este miércoles ante la sede de la consellería después de que el pasado día 9 decidiesen en asamblea hacer un «frente común» para exigir a la conselleira Fabiola García que les escuche.

La CIG asegura que esta reunión fue solicitada por todas las vías posibles, incluidos cierres en San Caetano, pero critican que lleva siendo ignorada por la conselleira en alguno de los sectores desde septiembre de 2023.

Para el responsable de Ensino Privado de la CIG, Henrique García, «esta actitud no debería permitirse en un cargo publico», por lo que emplaza a la conselleira a dejar «las fotos y la propaganda vacía» y «ponerse a buscar soluciones a las problemáticas de estos sectores y a las reivindicaciones de su personal trabajador.

La CIG se ha referido al departamento autonómico como una «auténtica fábrica de conflictos». «Si ya los tiene abiertos en los cuidados, dependencia, mayores y SAF con varias huelgas convocadas, parece que pretende abrirlos en la discapacidad, menores e infantil», ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que estos tres son servicios sociales esenciales públicos, pero que están mayoritariamente gestionados por empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro.

«En cualquier caso, dependen directamente de la consellería al ser subvencionados unos, los gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro –discapacidad y menores– y otros ser gratuito –escuelas infantiles– y que la Xunta vene como pioneros», censura.

El sindicato sostiene que la realidad de estos sectores es que comparten convenios estatales «precarios, carentes de negociación y que van hasta 2028». Además, apunta que, después de tres años de «negociación» y salarios «congelados» por debajo del SMI, «se acabaron firmando este año prórrogas de los anteriores convenios que habían sido denunciados, incorporando solo adaptaciones legales al articulado por imperativo legal y subidas en las tablas salariales moderadas que en la mayoría de casos pueden no cobrarlas los y las trabajadoras hasta finalizar la vigencia de los nuevos convenios».

Así las cosas, García ha lanzado un ultimátum a la conselleira. «Si no nos recibe y no se alcanzan avances reales, tanto con la administración como con las patronales, se anunciarán movilizaciones más contundentes en el mes de octubre», «no descartando la convocatoria de una huelga en los tres sectores».

RESPUESTA DE LA XUNTA

Al respecto, fuentes de la Consellería de Política Social han asegurado que la Xunta respecta el derecho a la manifestación y muestra siempre su disposición a colaborar en el diálogo social.

Aún así, estas fuentes sostienen que los convenios colectivos son un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, no con el Ejecutivo autonómico. Por ello, señala que la Administración autonómica «solo puede colaborar en las negociaciones, siempre que las partes lo requieran, a través del Consello Galego de Relacións Laborais».

Dicho esto, la Xunta ha criticado que las protestas de «un solo sindicato» sea vean opacadas por «banderas independentistas y consignas políticas del BNG». «La CIG y el BNG buscan una Galicia en permanente conflicto», señala.

«Es una pena que hasta ahora no los escuchemos protestar por la falta de financiación del Gobierno central a la gratuidad infantil, una medida a la que aporta 0 euros; o por la imposición de la acogida sin financiación de 317 menores migrantes a Galicia (ninguno Cataluña o al País Vasco); ni por el incumplimiento sistemático del Estado con la financiación de la dependencia», sostiene la Xunta.