El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tendrá que responder en el pleno de la próxima semana sobre cuáles son sus prioridades de acción política y qué médidas de protección y seguridad prevé su Ejecutivo para mejorar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Si el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le interpelará sobre las prioridades de acción política, la jefa de filas del BNG, Ana Pontón, le exigirá que aclare en sede parlamentaria qué pasos va a dar su Gobierno para que «ninguna trabajadora del SAF vuelva a perder la vida desempeñando un servicio esencial».

Así lo ha ratificado la viceportavoz parlamentaria primera del BNG, Olalla Rodil, quien ha recordado, al término de la Xunta de Portavoces, el crimen de la trabajadora del SAF registrado en O Porriño (Pontevedra) a finales de julio.

«Lo único que hizo el PP poco mes es que echarle la culpa a ella, como vimos en la atención sesión plenaria, en una intervención absolutamente indecente de la portavoz del PP», ha criticado Rodil, en referencia a Raquel Arias, quien incidió en el pasado pleno en que la trabajadora asesinada «solo había denunciado ante la CIG».

Además, en el pleno los nacionalistas pedirán el impulso de una comisión de investigación sobre la ola de incendios de agosto, defenderán dos mociones con medidas para recuperar las zonas ardidas, y forzarán, mediante una proposición no de ley, que los grupos se pronuncien sobre el ataque de Israel a Gaza y la calificación de genocidio.

En el bloque relativo a servicios públicos, además de la pregunta sobre el SAF, el BNG aprovechará la comparecencia prevista del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para informar del inicio de curso y que también demandaban los nacionalistas, para incidir en «la falta de recursos» y «pérdida de derechos del profesorado».

Asimismo, en una interpelación sobre sanidad, los nacionalistas abordarán «la falta de médicos» en los centros de salud o el «colapso» en urgencias.

Los socialistas también impulsarán, según ha explicado la viceportavoz segunda en la Cámara, Lara Méndez, una interpelación sobre el SAF, y abordarán cuestiones también ligadas a educación –con la rehabilitación del CEIP Torre da Illa, en A Illa de Arousa (Pontevedra)– y sobre la defensa de los derechos de las personas cooperativistas del barrio de Xuxán en A Coruña.

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

Asimismo, pondrán en el foco la atención a menores no acompañados, reclamando a la Xunta «responsabilidad, humanidad y recursos suficientes para garantizar su protección e integración». También los populares, según ha indicado su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, impulsarán una iniciativa sobre menores migrantes, aunque en un sentido distinto.

Los populares demandarán al Gobierno central que abandone «su política de imposición» sobre el reparto de menores no acompañados y aporte la financiación necesaria para su atención.

Al tiempo, en otra iniciativa, pedirá un plan estratégico para los aeropuertos gallegos, con el fin de «asegurar su operatividad, viabilidad económica y oferta adecuada», tras el anuncio de Ryanair de reducir significativamente sus operaciones en los aeropuertos gallegos.

Las preguntas de los populares se centrarán en el «caos ferroviario» durante los incendios de agosto, los proyectos del ‘Plan Social polo Clima’ y la situación en la que se encuentra la construcción del nuevo centro de salud para el barrio del Sagrado Corazón de Lugo.

MODIFICACIÓN LEY DEL DEPORTE

Además de incidir en la comparecencia de Román Rodríguez, el portavoz popular también ha informado de que el pleno incluye el debate de toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la actual ley gallega del deporte, «una norma que data del año 2012 y que necesita ser actualizada para atender las necesidades de la sociedad actual».

A través de esta reforma legislativa se establece la posibilidad de que la Administración gallega pueda comparecer como acusación popular en los procedimientos que se sigan por delitos y actos de violencia perpetrados en el ámbito deportivo.

Asimismo, ha remarcado Pazos, se clarifica el régimen de prescripciones de las infracciones y sanciones, para lo que se propone una remisión al régimen general establecido en el artículo 30 de la Ley de régimen jurídico del sector público; y se fija expresamente la práctica a seguir en la concurrencia de procedimientos penitenciarios y administrativos en un caso de actuación pública en la represión de la violencia y de conductas contrarias al buen orden deportivo.

Además, esta modificación de la ley del deporte impulsa el buen gobierno en las organizaciones y federaciones deportivas, que «deberán respetar estrictamente los principios de democracia interna, transparencia, integridad, solidaridad, igualdad de género, apertura, rendición de cuentas y responsabilidad social».

«Consideramos esencial que las federaciones deportivas eleven el nivel de exigencia de sus normas de buen gobierno, con principios que garanticen la gestión irreprochable de sus recursos financieros, los controles para prevenir los conflictos de interés o la duración limitada de sus cargos electos», ha remarcado el portavoz popular.