El Ayuntamiento de Santiago de Compostela autorizó el año pasado la construcción de «más del doble» de viviendas en edificios de vivienda colectiva de nueva construcción respecto al año 2023, tal y como ha asegurado este lunes el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás.

En concreto, en 2024 fueron 189 viviendas de este tipo –89 viviendas de protección autonómica (VPA)–, mientras que en 2023 el total fue de 85 –siendo 32 viviendas de protección autonómica–.

Así lo ha trasladado el edil en una rueda de prensa en la que ha desgranado los datos del consistorio tras la celebración de la reunión semanal del gobierno local.

En este contexto, ha detallado que este mismo lunes la junta de gobierno local ha concedido más 13 autorizaciones, siendo en total 83 las licencias para viviendas en edificios de nueva construcción –29 de protección autonómica–.

«Como veis, en 2024 se autorizó la construcción de muchas más viviendas en edificios de domicilio colectivo de nueva construcción que en 2023. Y este año, cuando faltan aún tres meses y medio para que termine 2025, ya autorizamos casi tantas como en todo 2023», ha valorado el concejal.

MÁS VIVIENDAS ES «EL CAMINO»

En este contexto, el edil ha asegurado que es «necesario» ampliar la oferta de vivienda protegida en la capital gallega «a precios asequibles», asimismo, ha defendido que «este es el camino».

Asimismo, ha presentado los datos relativos a viviendas unifamiliares, reformas y ampliaciones en edificios existentes. Respecto a cubiertas y fachadas para la mejora de la eficiencia energética, ha precisado que se ha concedido licencia de obra mayor para mejorar la envolvente de cinco edificios.

BONIFICACIÓNS TRAS APROBACIÓN DE ORDENANZAS

Otro asunto abordado por el edil ha sido el aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a inmuebles vacíos, que irá a votación en el Pleno municipal.

Según ha explicado Lestegás, una vez aprobada la ordenanza, el Ayuntamiento tendrá que elaborar un «censo de los inmuebles de carácter permanente en Santiago».

En concreto, ha adelantado que el consistorio se basará en indicios de consumo y en el padrón de habitantes. También ha avanzado que las bonificaciones previstas en la actual ordenanza para viviendas de protección autonómica se extenderán a las viviendas de promoción pública.

Es decir, «todas las viviendas protegidas tendrán una bonificación del IBI de un 50% en los tres primeros años y en el caso de las VPA será del 35% en los diez años siguientes, en el caso de las VPP será del 45% en los diez años siguientes».

También en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) se extenderá la bonificación de un 50% de la VPA a la VPP. Además, las obras de especial interés o de utilidad social tendrá hasta un 95% de reducción.