El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, ha demandado al Gobierno central concreción sobre el nuevo plan estatal de vivienda, del que ha denunciado falta de información, al tiempo que ha cuestionado que pueda entrar en vigor en 2026.
Lo ha hecho en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizo del Parlamento gallego en la que ha comparecido y en la que desde la oposición se ha calificado de «miseras» las partidas en materia de vivienda del Ejecutivo autonómico, además de denunciar el «fracaso» de sus políticas.
Sobre el plan estatal, el secretario xeral ha trasladado la «preocupación» en la Xunta al asegurar que del mismo solo conocen que «quiere tener una dotación de 8.000 millones de euros y que se requiere a las autonomías que aporten el 40%». «No va a estar operativo en 2026», ha anticipado.
Esto en una Comisión en la que ha defendido las políticas del Ejecutivo gallego en materia de vivienda y ha apelado a la colaboración con los ayuntamientos para facilitar suelo que permita promover vivienda pública. A ello, ha sumado las ayudas en materia de alquiler. Ha sido en una exposición en la que ha demandado también al Estado las transferencias correspondientes a Galicia. «No llega al 10%», ha aseverado sobre la financiación que recibe el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
CRITICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, la diputada socialista Lara Méndez ha tildado de «escasa» la política de la Xunta en esta materia, el mismo término que ha empleado para el nivel de ejecución del presupuesto existente. Además, ha considerado que por parte de esta existe «deslealtad» con el Gobierno estatal para promover políticas de forma conjunta, mientras que ha acusado al PP de no haber impulsado actuaciones para no enfrentar la actual situación de falta de vivienda.
«Ninguna vivienda pública se hizo en los 16 años que llevan gobernando», ha sentenciado en línea con las críticas que desde el BNG hizo la parlamentaria Alexandra Fernández para quien no hay una apuesta «real» por la vivienda de promoción pública. Asimismo, ha denunciado ausencia de «una política territorial clara» en esta materia o encaminada a la rehabilitación, con medidas también para hacer frente al despoblamiento rural con políticas en este ámbito.
Armando Ojea, de Democracia Ourensana, ha pedido que se atiendan las demandas en el municipio ourensano. Mientras, María Deza, parlamentaria del PPdeG, se ha mostrado crítica con el Ejecutivo central mientras que ha defendido a la Xunta. «El Gobierno — central — no ha convocado la Conferencia Sectorial que es el foro», ha sentenciado para considerar que a nivel estatal no se está «colaborando» con las autonomías.
COOPERATIVISTAS DE XUXÁN, EN A CORUÑA
En esta misma Comisión, y en respuesta a una pregunta del BNG sobre la situación de cooperativistas de Xuxán afectados por el cambio en las condiciones económicas a abonar en relación con la gestora Galivivienda, el secretario xeral ha defendido el asesoramiento a estos por parte de la Xunta para «defender sus derechos».
También ha cuestionado la labor del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Ministerio de Vivienda en relación a la situación de los mismos. Así, ha argumentado que fue la Xunta quien alertó de que «el ICO estaba concediendo condiciones peores que la banca comercial» y ha rechazado que se pueda «culpar» a la Administración gallega.
«No vamos a defender a la gestora de la cooperativa, pero es una sociedad que se rige por sus acuerdos, nosotros asesoramos», ha indicado para atribuir a siete cooperativistas las reclamaciones.
La parlamentaria nacionalista Alexandra Fernández ha denunciado «prácticas oscuras» por parte de la gestora, en una intervención en la que ha asegurado que de 224 se haya pasado a 149 cooperativas y ha exigido a la Xunta implicación tras la subrogación realizada en una nueva cooperativa. «El suelo es de la Xunta», ha recalcado.
