El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa ha declarado este miércoles ante el tribunal que le juzga que él es «el mayor perjudicado» por la quiebra de la compañía porque a consecuencia de ello lo ha «perdido todo», al tiempo que ha admitido que cometió errores y que si hubiese atajado antes los problemas de liquidez, la situación habría sido distinta.

«Yo era el presidente ejecutivo. Yo era, hasta el último día, el único responsable de todo lo que se hiciera, mal o bien, en Pescanova», ha manifestado Fernández de Sousa a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Pavía, durante la segunda sesión de la vista oral en la Audiencia Nacional.

Pero aunque no ha parado de insistir en que él era el último responsable de que lo que pasaba en la compañía, el acusado ha terminando descargando responsabilidades en BDO, la empresa auditora con la que Pescanova llevaba trabajando diez años. «Hubo errores en la auditoría de BDO y no los puedo calificar de otra manera», ha dicho.

También ha señalado que «la que revisa el trabajo de BDO» es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no la dirección de la empresa, y que «nunca» recibieron ninguna observación de este organismo público que les advirtiese de su situación financiera.

La Fiscalía pide para el expresidente de Pescanova 28 años de cárcel y multa superior a los 22 millones euros por presuntamente maquillar las cuentas de la compañía para ocultar la millonaria deuda que había adquirido y así seguir consiguiendo financiación, ocultando los datos a inversores y organismos reguladores.

En los años 2010 y 2011, el volumen de la deuda de la empresa era entre tres y cuatro veces superior a lo que declaraba, según el escrito de acusación de Anticorrupción, una situación que Pescanova decidió combatir recurriendo a la financiación bancaria, principalmente.

Fue en 2013 cuando la verdadera situación de la empresa salió a la luz. Dos días antes de la reunión del consejo de administración del 27 de febrero, Fernández de Sousa convocó a cuatro consejeros y les instó a aportar 50 millones de euros para salvar la empresa, pues ésta se encontraba en una situación «delicada».

SALVAR LOS PUESTOS DE TRABAJO

El expresidente ha explicado en el juicio que estos consejeros sabían que Pescanova tenía «problemas de tesorería» y que una empresa «se salva por la tesorería», pero que ninguno de ellos aportó financiación. Según su relato, era una manera de poder pagar una letra correspondiente a un préstamo sindicado de 150 millones hasta que consiguieran vender el negocio salmonero, una operación que, ha dicho, ya daba por hecha.

Fernández de Sousa ha defendido que «lo primero» que tenían que hacer los directivos de la compañía era «mantener los puestos de trabajo y los negocios», cosa que, según ha remarcado, consiguieron a la vista de la creación posterior de Nueva Pescanova. «Algo habremos hecho bien para que eso sea así», ha afirmado.

Para mantener la empresa a flote, ha explicado el expresidente, el consejo de administración acordó por unanimidad «renegociar la deuda» y la firma acudió entonces a preconcurso de acreedores.