La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, pedirá ante el Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución de la sanción de siete meses y un día de empleo y sueldo, que acarrea pérdida de destino, que le ha impuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otras cuestiones, por dilaciones indebidas.

El abogado de la jueza, Agustín Azparren, ha avanzado que a finales de esta semana (este jueves) o el próximo martes, que es cuando se agota el plazo para recurrir ante el alto Tribunal, se presentará el escrito de suspensión de ejecución del castigo, que la apartaría de las macrocausas que instruye, como la ‘Carioca’, sobre redes de prostitución; o la ‘Pokémon’ y el ‘Garañón’ sobre mordidas a políticos.

Azparren ha detallado que «aquí la parte importante es que junto a este anuncio del recurso se pide la medida cautelar de la suspensión de la ejecución». «La parte que hay que estudiar más a fondo aquí es como justificar que se suspenda la ejecución, además el Tribunal Supremo excepcionalmente lo suspende, así yo he encontrado una o dos veces en los últimos diez años en que se concedía dicha suspensión cautelar», ha abundado.

Además, ha concretado que «en la mayoría de los casos era suspensión de empleo y sueldo exclusivamente», para volver a insistir que «lo que se valora aquí es si el hecho de que se ejecute la sanción va a ser irreparable, en el sentido de que si después el Supremo estima el recurso y se deja sin efecto la sanción ya sería irreparable».

En la misma línea, el abogado madrileño ha apuntado que «cuando es suspensión de empleo y sueldo lo que al final viene a decir el Tribunal Supremo es que no es irreparable porque se indemniza posteriormente económicamente la pérdida del salario judicial».

«En este caso la gran diferencia es que lleva pérdida de destino y considero que es un caso más excepcional y que por lo tanto sí que es irreparable porque una vez que se ejecutara la pérdida de destino sí que después sería prácticamente imposible volver a recuperar la plaza», ha apostillado.

RECUSACIONES

Por su parte, sobre las recusaciones que le plantean las defensas del ex secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, y del ex alcalde de Lugo Xosé López Orozco, por la urbanización del Garañón, a los pies del parque Rosalía de Castro, Azparren ha sostenido que «lo que sí que está claro desde hace muchos años es que mientras no resuelva el Tribunal Supremo o no sobre la ejecución (del castigo) no se puede ejecutar».

Al respecto, ha señalado que si se «abstuviera» de estas causas, como piden Besteiro y Orozco, «podría generar nulidades y problemas». «Sería lo contrario, que se ejecutara la sanción cuando nosotros hemos anunciado que íbamos a recurrir y que íbamos a pedir la suspensión de la ejecución» del castigo, ha explicado, de siete meses y un mes de empleo y sueldo que apareja pérdida de destino (la jueza lleva en Lugo desde 2007) que se le impone dentro de esta acción disciplinaria dictada por el gobierno de los jueces, por el Consejo General del Poder Judicial.