El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la ordenanza municipal que regula las Viviendas de Uso Turístico (VUTs) en A Coruña, según informa la entidad.

En un comunicado, califica la normativa como «una de las más restrictivas de España» e insiste en que «incurre en graves vicios de nulidad». Añade que el decreto judicial «ya ha sido notificado» y requiere al Ayuntamiento herculino a «la remisión del expediente municipal completo».

Aviturga explica que, una vez que conste en el Tribunal, se llevará a cabo el proceso para formular la demanda, «que se prevé completar aproximadamente en octubre», concreta.

La entidad fundamenta su recurso en que la ordenanza contiene «graves vicios de nulidad al invadir competencias que no son propias del consistorio». «El Ayuntamiento se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal e intenta innovar en la ordenación de actividades turísticas, cuya regulación corresponde exclusivamente a la Xunta», señala.

En concreto, considera que «uno de los aspectos más controvertidos» de la nueva regulación es que «ignora por completo los derechos adquiridos de quienes cuentan con registro turístico oficial desde 2017 y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes, tanto estatales como autonómicas».

«TENSIONAR AÚN MÁS EL MERCADO»

La asociación denuncia además que la normativa «reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior, vulnerando el principio de jerarquía normativa». Asimismo, advierte que la ordenanza «podría tensionar aún más el mercado inmobiliario local».

«El texto municipal permitiría que cualquier edificio de la ciudad, tanto en el centro histórico como en los barrios residenciales, pueda destinarse íntegramente al uso turístico», apunta.

Esta circunstancia, según recalca, «incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas», una situación que «perjudicará especialmente a los inquilinos más vulnerables».

Los cálculos de Aviturga indican que aproximadamente el 80% de las viviendas turísticas actuales no cumplirían con los requisitos establecidos en la nueva ordenanza, calificada por la asociación como «una de las más restrictivas de España».

La agrupación incide en que mantiene «disposición al diálogo» y confía que el Ayuntamiento «pueda reconsiderar su postura y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad».