El Gobierno de España ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incoación del expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática el Pazo de Meirás, en la provincia de A Coruña. Asimismo, mañana miércoles se publicará la declaración de Lugar de Memoria de las islas de San Simón y San Antón, en Pontevedra.
Según indica, ambos espacios tienen una singular relevancia histórica y simbólica, que les hacen acreedores de esta declaración. Así, el Pazo de Meirás, situado en el Ayuntamiento de Sada, ligado a la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán — que fue quien lo construyó –, fue, entre 1938 y 1975, sede veraniega de la Jefatura del Estado.
«Símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario», según recoge el BOE, que añade que que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos «mediante técnicas represivas y coactivas», que desposeyeron a «los legítimos propietarios» de las fincas colindantes.
Tras un proceso judicial, un juzgado de A Coruña sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia. Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado.
ISLAS DE SAN SIMÓN Y SAN ANTÓN
En cuanto a las Islas de San Simón y San Antón, situadas en la ría de Vigo, fueron un espacio utilizado por los sublevados contra la II Republica como penal durante la Guerra de España y los primeros años de la dictadura franquista.
A partir de octubre de 1936, la isla de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y, posteriormente, de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.
Por allí pasaron más de 5.600 personas recluidas. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros.
«Entre sus muros se tienen contabilizadas más de 517 muertes, además de las que se produjeron por ‘paseos’ y fusilamientos», remarca el Gobierno.
