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Ecologistas advierten de que el fallo del TJUE «no repercutirá en la mayoría» de las paralizaciones de eólicos

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La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) advierte de que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no repercutirá en la mayoría» de la paralizaciones cautelares de parques eólicos en Galicia.

En un comunicado, muestra su «decepción» por el aval del TJUE a la tramitación de la Xunta de proyectos por la que no hay obligación de dar acceso público a informes sectoriales, puesto que critica que «menoscaba el espíritu» de la directiva europea al «restringir los derechos de participación de la ciudadanía hasta convertirlos en una mera ilusión».

No obstante, considera que la patronal eólica «está engañando a la ciudadanía cuando concluye que el pronunciamiento del tribunal europeo implicará el levantamiento de todas las paralizaciones cautelares de los proyectos eólicos conseguidas en el TSXG a instancias de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los vecinos y las organizaciones ecologistas, entre las que está Adega».

Y es que prevé que no se van a «revertir» decenas suspensiones cautelares, puesto que «se sustentaron judicialmente en las deficiencias de las evaluaciones ambientales practicadas», «asunto sobre el que no fue consultado el TJUE ni se pronunció, y que centrará finalmente la razón de las futuras sentencias».

Por ello, lanza un mensaje de tranquilidad a aquellas personas y colectivos que consiguieron unas paralizaciones cautelares de proyectos eólicos en el TSXG «en base a otros motivos jurídicos», más allá de las «deficiencias en la tramitación de la exposición pública», «como los relativos a las deficiencias en la evaluación ambiental o a los posibles casos de fragmentación fraudulenta de proyectos».

De tal forma, Adega asegura que seguirá con su lucha «frente a la invasión eólica» y «el expolio ambiental» de Galicia, «perpetrado por un Gobierno de la Xunta que únicamente concibe desarrollar el país con criterios de desigualdad» y con procesos industriales que «vulneran de lleno el derecho del pueblo gallego a vivir en un medio ambiente saludable y en condiciones de dignidad».

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