La Asociación Eólica de Galicia aplaude como «un antes y un después» el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que da la razón a la Xunta en la tramitación de proyectos, ya que no hay obligación de dar acceso público a informes sectoriales, aunque teme que «no resuelve» la situación «de forma inmediata» para 86 parques paralizados en Galicia.

En un comunicado, la patronal eólica gallega celebra «la contundencia» del fallo del TJUE, la última y definitiva instancia en vía judicial, por lo que espera que «la claridad del fallo debe llevar a despejar cualquier duda en la interpretación y aplicación de la normativa». Recuerda que hay alrededor de 250 contenciosos, que se corresponden con otros tantos recursos, «interpuestos por diversas asociaciones antieólicas, donde se ponen en cuestión facetas de carácter ambiental y no de procedimiento».

«Celebramos que el TJUE se haya pronunciado de una forma tan contundente y taxativa, que da la razón a la Xunta en cuanto a su forma de tramitar los proyectos eólicos, permita poner fin a cinco años convertidos en un desierto industrial en materia de energías renovables, por una parte; y, en paralelo, que este hito judicial suponga un antes y un después en la reactivación y desarrollo del sector en Galicia», afirma.

Hay 92 parques en Galicia, que suman unos 2.500 megavatios, con recursos judiciales en curso, de los que 86 tienen su autorización administrativa suspendida por medidas cautelares interpuestas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). «Es decir, está parada la práctica totalidad de los proyectos autorizados», resume.

«Esta parálisis obedece a la posición adoptada por el TSXG, que hizo una interpretación de las medidas cautelares que determinan la práctica desaparición de las energías renovables en Galicia. Porque buena parte de estos proyectos están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo como consecuencia de la posición del tribunal gallego. Esto se deriva de una interpretación judicial que no se compadece con la legislación vigente ni con la interpretación del Supremo, y ahora confirmada por el TJUE», explica. Agrega que el fallo europeo ratifica los previos de la Sala Tercera del TS, de 21 de diciembre de 2023 y 25 de enero de 2024 (sentencias de Corme), y 21 de marzo de 2025 (sentencia de Campelo).

Para acelerar la solución a una parálisis, que teme no se lleve a cabo de forma «inmediata», opina que a «los centenares de expedientes que acumula el Superior (TSXG) debería dársele solución en distintos planos». «Conviene que las administraciones públicas realicen la trasposición pendiente de las directivas europeas del sector sobre el despliegue y aceleración de las energías renovables», expone, ya que «España acaba de ser advertida por segunda vez al respecto».

Exige que se adapte la legislación correspondiente, «asumiendo la jurisprudencia de las comunidades autónomas, del propio Estado y de la UE, en aras de integrar definitivamente el interés público superior de la energía como prevalente y como una manifestación más del interés ambiental». «Solo así se dotará de seguridad jurídica a los promotores, permitiendo a los consumidores finales ver satisfechos sus legítimos intereses y sus bolsillos; o sea disponiendo de energía limpia y barata que cumple con los criterios de la descarbonización y transición energética, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París sobre cambio climático, vinculantes para los Estados y Administraciones Públicas», según afirma la Asociación Eólica de Galicia.

Advierte de que hay más de 10.000 millones de euros en juego y 22.000 empleos en el sector.

EL SECTOR EN ESPAÑA: «PASO CLAVE»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), patronal del sector en España que aglutina más de 350 empresas, celebra el fallo del TJUE como «un paso clave para recuperar la seguridad jurídica y avanzar hacia la transición energética en Galicia».

El sector eólico urge a que, «de forma responsable y diligente», se adopten las medidas necesarias por parte de las instituciones para que los proyectos paralizados recuperen su ritmo de avance.

AEE subraya «el enorme coste social y económico que ha supuesto la paralización del sector» y apela al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para agilizar la resolución de los procedimientos pendientes.

Galicia, «con gran potencial renovable», «ha quedado muy rezagada en los últimos años» en la instalación de eólica: solo ha instalado 171 megavatios entre 2020 y 2024 frente a los 6.000 megavatios del conjunto de España.

El pronunciamiento del alto tribunal europeo «confirma que los mecanismos de evaluación ambiental y participación pública que se han venido aplicando en los últimos años en la tramitación de los parques eólicos, y que cuestionaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, son compatibles con el derecho comunitario, despejando así la incertidumbre jurídica que había paralizado el desarrollo de casi un centenar de parques en Galicia».

ASIME CELEBRA QUE «DESBLOQUEA» PROYECTOS Por otra parte, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) celebra que la sentencia «aporta seguridad jurídica y permitirá reactivar inversiones paralizadas en la eólica gallega», lo que «pone fin a un periodo de bloqueo».

Cree que «la decisión judicial permitirá no solo avanzar con los proyectos eólicos pendientes, sino también impulsar un ecosistema de valor añadido en torno a estos desarrollos: logística, fabricación de componentes, mantenimiento industrial y nuevas infraestructuras tecnológicas».

Ahora, espera «medidas ágiles por parte de la administración para ejecutar cuanto antes los proyectos pendientes». «Confiamos en que Galicia será de nuevo un lugar clave en la producción de componentes para eólica terrestre y para todas las energías renovables que son fundamentales para la descarbonización y para garantizar un suministro energético competitivo que permita el desarrollo industrial. Galicia debe jugar un papel protagonista en el nuevo mapa energético de Europa», concluye le secretario general de Asime, Enrique Mallón.

DATOS DEL SECTOR

Galicia cuenta con 186 parques eólicos con una potencia total de 3.920 megavatios (12,9% de la potencia eólica en España), que han generado 8.636 GWh (cuarta comunidad autónoma en el ranking por generación eólica).

La comunidad gallega ha instalado en el periodo 2020-2024 solo 171 megavatios, mientras en España se han instalado 6.000 MW en los últimos cinco años. Actualmente se encuentran 92 parques eólicos con recurso judicial en curso (aproximadamente 2.500 megavatios), 86 con autorización suspendidas.