Los sindicatos CSIF y UGT han condenado el «asesinato» de la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de O Porriño (Pontevedra) y han exigido «medidas de protección inmediatas».
A través de una nota de prensa, la CSIF ha expresado que con este «crimen» se ha «cruzado una línea roja» y ha recordado que lleva años alertando de las precarias condiciones laborales de las profesionales del SAF.
En esta línea, la entidad ha recordado que los ayuntamientos que gestionan directamente el servicio son los únicos responsables como empleadores, por lo que les exige dejar de escudarse en la infrafinanciación y asumir su obligación de proteger la salud y seguridad de estas trabajadoras.
Por ello, ha reclamado la apertura «inmediata» de procesos de negociación que permitan implementar medidas de seguridad, así como una «correcta valoración de los puestos de trabajo, acorde con la relevancia social del servicio que prestan».
También, la UGT ha realizado un llamamiento a las empresas –mediante un comunicado– para que establezcan las «medidas técnicas necesarias», así como protocolos de acoso y de prevención de riesgos. En resumen, «todo lo necesario para garantizar la seguridad de las trabajadoras del sector».
«Cada domicilio es un centro de trabajo y, por lo tanto, cada uno de ellos debería ser un lugar seguro para todas las trabajadoras», ha subrayado el sindicato.
«ALTA VULNERABILIDAD»
Por su parte, la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) ha denunciado que actualmente desde los servicios sociales de los ayuntamientos no se puede suspender un servicio de ayuda en el hogar «incluso ante la comunicación de riesgo inminente por parte de la trabajadora», sin antes comunicarlo a la Inspección de Servizos Sociais da Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y esperar las instrucciones y autorización de esta.
La entidad ha enfatizado que este protocolo «no puede continuar, dado que pone en riesgo la vida de las personas», por lo que debe de modificarse «de inmediato».
En este sentido, ha señalado que los trabajadores desarrollan sus funciones en condiciones de «alta vulnerabilidad», entrando solos en los domicilios «sin información suficiente de las personas a las que van atender, ni medidas suficientes de protección o protocolos efectivos».
Así, han concluido solicitando a las partes implicadas, administraciones competentes y empresas gestoras del servicio a revisión y «aplicación urgente de protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de riesgo que protejan al personal de manera eficaz e inmediata».
