El Gobierno considera que las «dudas» que han expresado este viernes algunos de sus socios en lo que se refiere a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE no son sino una «táctica dilatoria» pero no tira la toalla de cara a conseguir la unanimidad y para ello se muestra dispuesto a seguir dando las explicaciones que consideren necesarias quienes aún no ven con buenos ojos la petición española.

«Si algún estado miembro tiene, como algunos han hecho, alguna inquietud, no tiene más que dirigirse a España, que trabajará como hemos hecho con todos» para explicar cuál es su propuesta, ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, después de un nuevo intento fallido en Bruselas para conseguir la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE.

«Pero lo que es inaceptable es el decir que uno tiene dudas, pero no expresar cuáles son, ni sentarse con España a trabajarlas, porque eso no son dudas legítimas, sino es simplemente una táctica dilatoria», ha denunciado el ministro, en declaraciones a Ser Cataluña recogidas por Europa Press, dejando palpable el malestar con aquellos socios que durante la reunión no han secundado al Gobierno.

La discusión ha sido por momentos tensa, según han descrito fuentes europeas a Europa Press, por la opinión de países como Alemania de que la reforma en los términos en que plantea España no es compatible con los Tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo.

Tanto en las reuniones preparatorias como en las discusiones a nivel de ministros, el servicio legal del Consejo mantiene sin cambios su dictamen negativo a la reforma y advierte de que haría necesario una reforma de los Tratados.

La opinión del equipo legal del Consejo no es vinculante y por tanto no frenaría una decisión contraria de los 27, pero varios países reclaman un dictamen formal para que conste por escrito la base legal de la reforma, que tendría que defender el Consejo en caso de que la oficialidad fuera llevada por terceros ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

LOS SOCIOS NECESITAN MÁS TIEMPO

Ya antes del arranque del consejo de Asuntos Generales, varios ministros han dejado claro que aún no veían la cuestión lo suficientemente madura como para someterla ya a votación y refrendarla. «La mayoría de los Estados miembro» necesitan «algo más de tiempo» para resolver las cuestiones pendientes, en especial en cuanto a las «preocupaciones legales», ha manifestado el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka.

A su vez, la ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, ha dejado claro que su Gobierno no apoyará ninguna petición mientras no se resuelvan las reservas legales que el propio servicio jurídico del Consejo ha planteado. «Los servicios legales del Consejo se lo toman en serio y esta opinión de los servicios legales sigue sin cambios», ha señalado.

Albares ha querido salir al paso de estas afirmaciones. «Lo que no puedo aceptar y no voy a aceptar nunca es el hecho de que alguien utilice argumentos meramente como táctica dilatoria», ha recalcado, insistiendo una vez más en que la opinión del servicio jurídico del Consejo es una como también ha manifestado su opinión los servicios jurídicos españoles, que han asegurado que no es necesario reformar los tratados.

NO CABE ESCONDERSE

Así, pues, ha subrayado, no cabe «esconderse» detrás de esa opinión, máxime «cuando esto es una decisión política, no porque lo diga España, sino porque lo dicen los tratados de la Unión Europea», que dejan claro que «todo lo que toca a ese régimen multilingüístico se decide en el Consejo por unanimidad». «Punto», ha rematado.

Así las cosas, el jefe de la diplomacia ha asegurado que el Gobierno va a «trabajar desde ya a distintos niveles, tanto en el consejo de Asuntos Generales como a nivel de embajadores ante la UE como bilateralmente con los pocos estados que siguen manifestando que necesitan todavía algo más de tiempo».

«Nuestra propuesta es sólida, pero sobre todo es irrenunciable y es irreversible el camino del catalán hacia la oficialidad en Europa, igual que del euskera y el gallego, y eso lo saben los otros 26 estados miembros de la Unión Europea», ha rematado.

EL GOBIERNO CREE QUE TERMINARÁ SIENDO APROBADO

A pesar de que varios países siguen sin aceptar la propuesta de España, fuentes gubernamentales aseguran estar confiados en que la oficialidad saldrá adelante «más pronto que tarde».

Consideran que han logrado avances significativos desde que este asunto se puso sobre la mesa por primera vez y ahora están «muy cerca» de lograrlo, tras las respuestas que ha dado el Gobierno a las dudas planteadas por varios socios europeos.

Sin embargo, fuentes europeas conocedoras del debate de este viernes discrepan de la posición trasladada por España y no consideran que se hayan producido avances significativos.

Por otro lado, en Moncloa creen que les ha perjudicado la intervención del Partido Popular, especialmente con el gobierno conservador de Alemania, en lo que tildan de un intento de boicot por parte de los de Alberto Núñez Feijóo.

En todo caso y a pesar del resultado del Consejo de Asuntos Generales de este viernes, descartan que exista «derrotismo» en el Ejecutivo y consideran que los tres idiomas terminarán siendo oficiales en la UE.