En Colectivo celebra que la Comisión Europea haya comunicado al Gobierno de España que la ampliación de la concesión de la autopista AP-9, que vertebra Galicia, supuso el incumplimiento de normativa comunitaria de contratación pública. Así, exige que se anule de forma «inmediata» esta prórroga.

La Comisión Europea ha enviado al Gobierno de España un dictamen motivado por haber incumplido las normas europeas al prorrogar la concesión de la autopista AP-9 sin concurso público, a raíz de la denuncia que presentó en 2019 la asociación de consumidores En Colectivo, que «lleva años luchando contra las prórrogas que permiten a la empresa Audasa seguir cobrando peajes hasta 2048».

«Esto es un respaldo rotundo a nuestro trabajo. Bruselas nos da la razón: lo que se hizo con la AP-9 fue un escándalo jurídico que llevamos pagando los gallegos más de 40 años», ha valorado el presidente de En Colectivo, Diego Maraña.

Por ello, espera que «este sea el paso definitivo para conseguir que finalice el cobro de los peajes y lograr una autopista gratuita, como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia». Asimismo, insta al Gobierno de España a que «actúe de forma inmediata para corregir la irregularidad y anule la concesión».

Recuerda que en 1994, con el PSOE, y en 2000, con el PP, el Gobierno español le concedió dos prórrogas, la última de las cuales extiende su gestión hasta 2048. Según las normas europeas, esas prórrogas equivalen a una nueva concesión, que deberían haberse sometido a licitación pública. «Al no hacerlo, España ha vulnerado la normativa de contratación de la Unión Europea», expone En Colectivo.

Tras la denuncia de En Colectivo, Bruselas envió una primera advertencia al Gobierno español en 2021, a lo que siguió un segundo aviso en 2024 ante la falta de respuesta. Ahora, emite un dictamen motivado, último paso antes de acudir a los tribunales europeos.