El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, ha afirmado este jueves que se «acerca la hora de levantar la injusta condena que el PP impuso a Galicia con la AP-9», después de que la Comisión Europea emitiese un dictamen en el que considera ilegal la prórroga de la concesión otorgada por el Gobierno del PP en el año 2000. Además, la secretaria de Transportes de la formación en Galicia, la diputada en el Congreso Patricia Otero, ha dicho que se trata de una «decisión fundamental» para determinar el coste del rescate.

En primer lugar, en un comunicado, González Casares ha explicado que Bruselas entiende que «la ampliación de la concesión por 29 años, seguida de la venta de la concesionaria sin licitación previa ni publicidad a nivel europeo, constituye una modificación sustancial que equivale a la adjudicación de nuevos contratos de concesión, que debieron ser sometidos a concurso público».

Además, recuerda que la Comisión otorga ahora un plazo de dos meses al Gobierno de España para corregir estas irregularidades, advirtiendo de que, en caso contrario, llevará el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para el socialista, no se trata «de un trámite burocrático cualquiera: se trata de una estafa democrática que obligaba a los gallegos y gallegas a pagar peajes abusivos hasta el año 2048, sin opción a competencia ni la una gestión transparente».

Casares, además, ha recordado que fue «solo el Gobierno de Pedro Sánchez quien alivió de verdad la carga de esta decisión tan injusta, rebajando sustancialmente el peaje».

Además, ha incidido en que Bruselas entiende que se llevan décadas pagando «un precio político y económico por decisiones contrarias al derecho europeo» y ha subrayado que este pronunciamiento «abre la puerta a una oportunidad histórica para poner fin a la condena que el PP impuso a Galicia».

El eurodiputado se ha comprometido a seguir trabajando desde el Parlamento Europeo para garantizar que Galicia recupere «unas condiciones justas de movilidad, sin peajes abusivos ni privilegios a concesionarias que se beneficiaron de decisiones políticas contrarias a los intereses de la ciudadanía».

«DECISIÓN FUNDAMENTAL»

En otro comunicado, la secretaria de Transportes e Mobilidade Sustentable del PSdeG, la diputada en el Congreso Patricia Otero, ha señalado que se trata de una «decisión fundamental» para determinar el coste del rescate.

Sin embargo, mientras no se produce, ha puesto en valor que se mantiene la apuesta del PSOE por «proteger la economía de los gallegos y gallegas» camino a la gratuidad de la AP-9, mediante bonificaciones que abaratan los peajes hasta un 75% en el caso de usuarios recurrentes, también en la AP-53.

La parlamentaria del PSdeG sostiene que la decisión del Gobierno de Aznar supuso un «agravio para Galicia», donde se mantiene el pago por circular por las autopistas mientras se fue eliminando en el resto del país conforme se cumplían los plazos de las concesiones.

Además, ha reafirmado el compromiso de su formación para seguir avanzando en las bonificaciones mientras se «lucha por poner fin a una concesión heredada de mala praxis del PP y del Gobierno de Aznar, que ni Feijóo ni Rueda criticaron».

«La posible ilegalidad de aquella prórroga podría abrir la puerta a una solución más justa para Galicia y menos gravosa para el conjunto del Estado», ha destacado.