Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación del Estatuto Marco han señalado este lunes que su apoyo al texto del personal estatutario de los servicios de salud está condicionado a que en el mismo se contemple un reconocimiento retributivo adecuado a la nueva clasificación y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria y a la jubilación parcial para todos los profesionales.

Así lo han detallado en rueda de prensa representantes del Sindicato de Enfermería (SATSE), Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Federación de Sanidad de la Confederación Intersindical Gallega (CIG-Saúde).

La presidenta de SATSE, Laura Villaseñor, ha detallado que estas son «cuestiones irrenunciables» y que si el Ministerio de Sanidad no ofrece una respuesta satisfactoria, los sindicatos iniciarán una campaña conjunta de movilizaciones a partir de septiembre, que irá acompañada de una campaña de sensibilización dirigida a los profesionales sanitarios que comienza «ya».

«El Ministerio tiene un plazo, la segunda quincena de septiembre, y estamos más unidos que nunca para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que resolver los actuales problemas laborales que se viven en los centros de trabajo, dotando a los trabajadores a los que representamos de unas condiciones de trabajo propias del momento social actual», ha aseverado.

«LÍNEAS ROJAS»

Una de las «líneas rojas» de los sindicatos es que el nuevo Estatuto Marco debe contemplar un modelo de clasificación profesional acorde a las funciones y responsabilidades que tiene cada categoría y que, además, este se vea reflejado en la práctica dotando al personal de desarrollo profesional y retribuciones adecuadas.

La responsable del Área de Políticas Transversales de FSS-CCOO, Lucía García, ha denunciado que, aunque el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ya establecía los grupos de clasificación profesional en función de la titulación, hay colectivos, como son los técnicos superiores y medios sanitarios, que siguen sin recibir un reconocimiento acorde a su formación y funciones 20 años después.

«No puede seguir ocurriendo que profesionales con distinta formación, con responsabilidades muy diferentes o que afrontan tareas cada vez más complejas perciban las mismas retribuciones o incluso menores que hace años, sin que se reconozca adecuadamente su aportación al sistema». Por ello, ha defendido que «no hay clasificación profesional si no hay una remuneración justa».

Por su parte, el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel G. Moreira, ha detallado la demanda de los sindicatos en relación al acceso de los profesionales sanitarios a la jubilación voluntaria anticipada y a la jubilación parcial. Al hilo, ha subrayado que «no aceptarán» la aprobación de un Estatuto que no defina de forma «clara y objetiva» estos aspectos.

«Hablamos de profesionales que ya superan los 60 años de edad, con una larga vida laboral, en muchos casos con más de cuarenta años de servicio, profesionales que han sostenido día tras día la carga física y emocional que implica trabajar en la sanidad pública, en turnos rotatorios de mañanas, tardes y noches. Este colectivo, formado mayoritariamente por mujeres, merece que el sistema reconozca su entrega y compromiso y merece poder optar a una jubilación anticipada sin penalización económica», ha explicado.

Moreira ha insistido en que reconocer ambos «derechos» evitaría situaciones de incapacidad temporal, facilitaría la adaptación y adecuación de los puestos de trabajo por razones de salud laboral, y favorecería la incorporación de nuevas generaciones de profesionales, garantizando así el recambio generacional, la continuidad y la experiencia en la sanidad pública.

OTRAS CUESTIONES PENDIENTES DE SOLUCIÓN

Además de las cuestiones relativas a la adecuación retributiva en función de la clasificación y el acceso a jubilación anticipada y parcial, los representantes de los sindicatos han apuntado a otros aspectos que están pendientes de solución, como la jornada de 35 horas en todos los servicios de salud o la actualización de funciones.

Sobre el primer punto, la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, ha enfatizado que, en la actualidad, algunas comunidades autónomas están negociando la jornada de 35 horas semanales, mientras que en otras esta negociación «ha sido imposible», lo que ha generado una situación de «desigualdad».

«Por eso la necesidad de establecerla dentro del Estatuto Marco, ya que el personal sanitario se encuentra en una situación de penosidad laboral, con un gran componente de exceso de carga, con un altísimo índice de precariedad y temporalidad, además de tensiones físicas y mentales que hacen incuestionable la vuelta a las 35 horas semanales», ha advertido.

En la misma línea, ha reclamado un máximo de jornadas diarias, semanales y anuales que respete los descansos oportunos establecidos en las normas de salud laboral, así como una anticipación en la programación y registro de todas las modalidades de jornada, y que el solape de jornada se considere como tiempo trabajado.

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, se ha referido en su intervención a la actualización «real y urgente» de las funciones y competencias de los profesionales de todos los colectivos en las categorías del SNS, denunciado que en este ámbito se mantienen normas «derogadas» y «preconstitucionales».

Este anacronismo provoca inseguridad jurídica, riesgo de intrusimo profesional, con la consiguiente judicialización de muchos aspectos, una falta de reconocimiento real a la labor desempeñada por los profesionales y, como consecuencia, una imposibilidad del desarrollo profesional efectivo, según ha asegurado Hontangas.

Por ello, ha exigido a Sanidad que convoque «de inmediato» a los grupos técnicos para que trabajen de forma paralela a la negociación del Estatuto Marco en la aprobación de nuevas funciones, su homogeneización en todos los centros y en todas las CCAA y la renovación de normas antiguas.

FALTA DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO

«Los sindicatos que estamos negociando no renunciamos a nuestro objetivo, conseguir un articulado del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que constituya una mejora de las condiciones de trabajo», ha resaltado Laura Villaseñor.

La presidenta de SATSE ha criticado la «falta de transparencia» de Sanidad durante las negociaciones, señalando que en ellas ha habido «puntos de trabajo constructivo», pero también «mucho ruido y distorsión», motivados por una política del Ministerio de «venta precipitada de resultados, poco respeto al ámbito de negociación e introducción de agentes que no estaban legitimados en el proceso».

Pese a esto, ha destacado los avances que se han incorporado al texto, entre ellos, que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realicen al menos cada dos años y con un plazo de resolución de un año; Concurso de Traslados Abierto y Permanente en todos los servicios de salud; y un nuevo modelo de clasificación profesional.

Junto a estos, el establecimiento de sistemas de programación del trabajo y planificación anual y el derecho a conocer las carteleras de trabajo anual con antelación; la exención de noches a mayores de 55 años sin merma retributiva; la ampliación del horario nocturno a las 22 horas; el aumento de los niveles de carrera profesional de 4 a 5 en todos los servicios de salud; o la obligatoriedad de tener planes de ordenación de recursos humanos cada cuatro años.