La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha advertido este viernes en Bruselas del impacto de casi 37 millones de euros para Galicia del recorte de cuotas propuesto para 2020 en merluza y jurel en aguas comunitarias.
Lo ha hecho durante una reunión con el director general en funciones de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de la Pesca de la Comisión Europea, Bernhard Friess.
Esos 37 millones de euros, según los datos de la Xunta, serían los que dejarían de facturar las lonjas gallegas en caso de que se materialice la propuesta de recorte.
«Entendemos que las medidas nunca se pueden adoptar a corto plazo», ha advertido la titular del departamento autonómico en declaraciones a los periodistas después del encuentro.
Al respecto, ha abogado por «no hacer política con la pesca sino hacer política pesquera», que, según ha subrayado, implica tener «siempre la mirada puesta en el futuro».
INFORMES
La dirigente gallega ha presentado a Friess un informe que evalúa el impacto de los recortes planteados para la merluza (del 19% en el caladero Cantábrico Noroeste y del 21% en Gran Sol) y cuantifica en 15 millones de euros el descenso de ingresos de la flota gallega que faena en estas aguas.
Sumando las descargas en Galicia de buques de otras comunidades o estados miembro, la pérdida de facturación en las lonjas sería de 22,8 millones, según sus cálculos.
En el caso del jurel, la cifra de negocios de los barcos gallegos del Cantábrico Noroeste caería en 13 millones, cantidad que ascendería hasta los 13,8 millones en lonja al incluir descargas de buques foráneos.
Y es que Bruselas quiere reducir un 41% la cuota de jurel en el Cantábrico y un 50% la de la zona IXa, en las aguas que van de Fisterra al golfo de Cádiz.
Además de las reducciones en facturación, la titular de Mar ha avisado de que de la flota gallega dedicada a la captura de la merluza y el jurel dependen 3.600 tripulantes.
CIGALA Y NORMA DE ALETAS
Por otra parte, ambos mandatarios también abordaron en la cita el estado de la pesquería de cigala en el Cantábrico Noroeste, según informa la consellería en un comunicado de prensa.
La conselleira presentó otro documento sobre esta especie que «muestra que la situación del recurso es mejor de lo que la propia Comisión Europea reconoce».
Aportó también un cuarto estudio en relación al impacto que tiene en el palangre gallego la no extensión de la normativa de aletas adheridas a todas las flotas del mundo.
La prohibición de desembarcar las aletas de los tiburones ya cortadas supone una merma en los ingresos de la flota de palangre de hasta 10 millones de euros al año y «una desventaja competitiva» respecto a barcos de países no comunitarios, subraya.
Los cuatro informes fueron entregados este jueves por Quintana a la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, para que su departamento los tenga en cuenta en el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre en el que se fijarán los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas de las distintas especies en aguas comunitarias para el año que viene.
