El PSdeG y PPdeG han cruzado acusaciones de corrupción en una iniciativa parlamentaria de los socialistas –que será votada en la sesión del miércoles del pleno– para reclamar más medidas de prevención y transparencia.

La diputada socialista Patricia Iglesias ha comenzado su intervención con un recuerdo al exconselleiro maior de Contas José Antonio Redondo, recientemente fallecido, por impulsar la modificación de la ley en 2015 para una nueva competencia de prevención de la corrupción en este organismo.

Tras ello, ha subrayado que el PP es «el único partido de la historia de la democracia condenado por financiación ilegal, durante 20 años», en donde «M. Rajoy fue prueba de cargo» para una «condena penal firme». También recuerda que Feijóo «llegó» a presidente del PP porque Pablo Casado denunció que el hermano de Ayuso se «llevó comisiones millonarias» en plena pandemia.

Así, ha dicho estar con la «cabeza alta» porque: «No todos somos iguales frente a la corrupción». Así, compara la actuación «contundente» del PSOE frente al «triángulo de la vergüenza» –en referencia a Ábalos, Cerdán y Koldo– con un PP que «ampara» y «tapa» casos.

Censura que el PP mantiene en el cargo a 48 imputados en causas penales, por lo que «lecciones del PP jamás». También denuncia que el 40% de la contratación de la Xunta es «a dedo», con «coincidencias» de «vínculos familiares» de Alberto Núñez Feijóo y «altos cargos del PP». Además, carga contra la «recuperación» de ediles condenados por violencia de género.

«El Gobierno gallego del PP no puede funcionar como una red de favores», resume, sobre lo que define como un «gobierno de amiguetes» y con «abrazos vergonzosos».

La iniciativa busca «medidas reales y efectivas» frente a puertas giratorias y «lobbies» entre los que ha citado a Altri y Greenalia.

Enfrente, Cristina Sanz (PP) ha dicho que le fue «difícil» creer que el PSdeG se atreviese a presentar esta propuesta «con la que está cayendo» de «escándalos día tras día». Acusa al PSOE de Pedro Sánchez de mantener en el cargo a 27 personas imputadas.

Sanz sostiene que en Galicia hay una «excelente salud democrática», «a años luz de lo que hacen ustedes en Ferraz y en Moncloa, con el apoyo cómplice de Pontón». Garantiza que la comunidad gallega es «impermeable» a estas cuestiones que «afectan a otros gobiernos».

Mientras, Óscar Insua (BNG) ha hecho gala de que en el BNG hay «cero condenados por corrupción» y muestra el apoyo a la propuesta socialista, más allá de que sea una «declaración de intenciones».

EL PP, EN CONTRA DE UN CONSELLO DA MEMORIA

Por otra parte, el PSdeG ha defendido otra proposición no de ley en esta jornada de tarde en el Parlamento para instar a la Xunta a constituir el Consello da Memoria Democrática de Galicia. El PPdeG ya ha avanzado su postura contraria en una votación que tendrá lugar este miércoles, 9 de julio.

Paloma Castro (PSdeG) ha alertado de la «pasividad» de la Xunta para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, de la que «lamentablemente Galicia permanece al margen».

Echa en cara a la Xunta una inacción que identifica con una aproximación a Vox. Pone de ejemplo la falta del reconocimiento a la memoria histórica en Meirás y la isla de San Simón, en donde se autorizan actos para «bailar bachata».

Luís Bará (BNG) recrimina que la política de memoria «no existe» en Galicia porque los populares «son la extrema derecha», según dice, «ultra», «españolista», «racista» y «reaccionaria». Afea que, en vez de recuperar la memoria en Meirás, el Gobierno gallego del PP «subvencionó a la familia Franco con 44.200 euros» para abrir el pazo.

En cambio, José Luis Ferro (PPdeG) ha asegurado que la política de memoria «no está abandonada ni desatendida» en la Xunta, ya que «colabora» con el Estado en exhumaciones y con un convenio con la Universidade de Santiago.

El popular desecha la propuesta de crear un Consello da Memoria porque defiende no «acumular organismo», sino «políticas que funcionen».