El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, han firmado este martes un convenio de colaboración entre la Xunta y el Ministerio Fiscal para reforzar la coordinación institucional y mejorar la eficacia en la prevención, investigación y persecución de los delitos relacionados con la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Especialmente en el caso de siniestros laborales con resultado de muerte o lesiones graves con posible trascendencia penitenciaria, comprometiéndose a «cooperar de manera activa para garantizar que las actuaciones sean tratadas con agilidad, rigor y eficacia».

En esta línea, la Xunta ha indicado en una nota de prensa que la intención es establecer canales de comunicación y protocolos de actuación en materia de seguridad y salud laboral. De modo que se establezcan canales de comunicación mutuos que permitirán intercambiar «información clave» en relación con los accidentes laborales más graves, así como sobre infracciones administrativas que puedan derivar en responsabilidades penitenciarias.

Por parte de la Fiscalía, se establece el compromiso de informar a la Consellería sobre las actuaciones derivadas de la documentación remitida por las autoridades laborales, tales como la incoación de diligencias, el archivo de procedimientos o la interposición de denuncias.

En cuanto a los procedimientos judiciales, también se notificarán la emisión de acusaciones o el dictado de sentencias, asimismo, la Fiscalía facilitará datos estadísticos e informes anuales sobre su actividad en este ámbito, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

La Xunta, por su parte, se compromete a reforzar la cooperación técnica con la Fiscalía mediante la remisión de informes, la oferta de formación especializada para fiscales en materia de prevención de riesgos laborales y a poner a disposición de asesoramiento técnico por parte del Issga.

Con todo, la Consellería organizará cursos formativos y jornadas técnicas anuales con participación de fiscales, jueces, personal inspector y responsables de la Administración autonómica, con el objetivo de «intercambiar conocimientos y buenas prácticas», según ha desgranado.