Lugo, Ourense y Pontevedra se encuentran entre las 17 capitales con tasa fija de basuras que no tiene en cuenta la generación real de residuos, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El listado lo completan Badajoz, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Teruel y Zamora.

Tres de ellas, Las Palmas, Oviedo y Segovia, dan la posibilidad de reducir el importe de la tasa con acciones como acudir al punto limpio o demostrando una buena separación y reciclaje de la basura.

Las ordenanzas del resto de las capitales «aplican uno o varios criterios variables según el tipo de hogar, como el consumo de agua, el tamaño de la casa, el tipo de calle, el número de personas empadronadas, etc», según las mismas fuentes.

Sin embargo, OCU ha advertido que «no dejan de ser criterios discutibles, muchos de ellos arbitrarios por cuanto no siempre reflejan la realidad de cada hogar». Así, apunta que el consumo de agua «varía mucho si hay un jardín o una piscina y una casa más grande no genera necesariamente más residuos, mientras que el número de personas empadronadas tampoco refleja siempre el de personas que realmente viven allí (por ejemplo, si son casas de alquiler turístico o segundas residencias), entre otros factores».

Así las cosas, de acuerdo con la OCU, en estas 17 capitales de provincia, las ordenanzas municipales gravan los residuos con una única tasa fija, sin tener en cuenta la generación real de residuos de cada hogar, lo que es contrario al principio básico de la ley de «quien contamina paga».

En este sentido, OCU ha recordado que la reciente entrada en vigor en abril de la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene por objeto personalizar la cuantía de la tasa de residuos según el principio de «quien contamina paga».

«Lamentablemente, la nueva tasa está lejos de cumplir este fin», según UCO, que ha manifestado que esto es así «en unos casos por la arbitrariedad de los criterios que determinan su importe, en otros, por tratarse de un único criterio fijo que no valora el esfuerzo de cada hogar para limitar y separar correctamente sus residuos».

Así, OCU valora la aplicación de la tasa como «desequilibrada e injusta» y, a su juicio, el incumplimiento más grave «se observa en aquellas ordenanzas municipales que gravan los residuos con una única tasa fija, sin tener en cuenta la generación real de residuos de cada hogar», lo que es contrario al principio básico de la ley: «quién contamina paga».

VARIACIONES

Las tasas municipales oscilan de una capital a otra para un mismo tipo de hogar. Así, para una vivienda con un valor catastral de 79.000 euros donde viven tres personas que consumen 175 m3 de agua al año, el importe varía entre los 62 euros de A Coruña y los 202 euros de San Sebastián. Mientras que el recibo medio alcanza los 105 euros anuales.

Se trata de una subida media respecto a la anterior tasa del 31%, que llega al 420% en Alicante (donde pasa de 28 a 145 euros al año). Subidas que además rara vez se «compensan con una bajada equiparable de otras tasas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hasta ahora asumía el coste de este servicio en muchas ciudades», según las mismas fuentes.

OCU ha criticado la aplicación de criterios fijos para el cálculo de la tasa, pero también de la mayoría de los criterios variables, no solo por considerarla «injusta y desequilibrada», también porque «contribuye a desincentivar la separación de residuos por parte de los consumidores, ya que cualquier esfuerzo en este sentido difícilmente se verá recompensado en una rebaja en el importe final de la tasa».

De hecho, ha señalado que el cálculo actual excluye métodos de personalización ya aplicados en otros municipios, como la rebaja por separar correctamente los residuos en ciudades en las que el uso del contenedor de orgánicos es mediante acceso personal, el uso de los puntos limpios o la participación en programas de compostaje.