La viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, ha acusado a la Xunta de recortar «en 5 millones de euros» la financiación al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y emplear esta misma cuantía a «ayudas míseras» de unos 400 euros al mes para asistir a personas dependientes en casa a través del ‘Bono coidado no fogar’.

«Este es el mejor reflejo del estilo Rueda, del modelo del PP: privatizar y devolver los cuidados al hogar para que sean las mujeres, mayoritariamente, las que cuidan a las personas dependientes por dos pesos. (…) ¡Parece que vivimos en los años 80!», ha denunciado la nacionalista en una rueda de prensa este lunes, previa al último pleno de la Cámara del curso político, en el que su grupo defenderá una moción para aumentar las partidas que destinan los gobiernos gallego y central a los ayuntamientos para financiar el SAF.

Se trata de una iniciativa, en palabras de Rodil, para «blindar» este servicio que atiende a más de 23.000 personas en sus casas y que supone una «enorme carga» para los ayuntamientos a nivel financiero, con una media de 23,6 euros por hora. Además, ha recordado, sus trabajadores están actualmente «en lucha por un convenio colectivo que sea realmente justo».

En este contexto, la moción del BNG pedirá un aumento progresivo de la aportación de la Xunta al SAF, hasta los 17 euros la hora «con carácter retroactivo» desde el 1 de enero de 2025; para que en 2027 sea de 20 euros. Asimismo, reclamará que el Estado asuma su parte de acuerdo con la ley de dependencia del año 2006.

«Si de verdad se cree en los cuidados como derecho, ninguna fuerza política debería votar en contra de esta propuesta», ha advertido Rodil.

La viceportavoz nacionalista ha sido muy crítica con la gestión de los servicios sociales por parte de un PPdeG que «desmantela la dependencia» porque «siempre vio un nicho de negocio para las empresas».

Por ejemplo, ha recordado que las últimas residencias de titularidad autonómica construidas en Galicia fueron promovidas por la Fundación Amancio Ortega y que, «en cuanto recibieron las llaves», se privatizó su gestión. «Lo mismo» ocurre, ha añadido, con los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de agresiones sexuales.