El plan de trabajo del Consello de Contas de 2025 ha incorporado cinco recomendaciones de los grupos parlamentarios de la oposición –cuatro del BNG y una del PSdeG– este jueves, cuando ya ha transcurrido la primera mitad del año.

En concreto, en una comisión con referencias y condolencias por el fallecimiento del exconselleiro maior José Antonio Redondo, el PP ha votado a favor –y con ello, al ser el mayoritario, ha permitido que salieran adelante– cuatro recomendaciones del Bloque para que el organismo fiscalice a los ayuntamientos de Ourense, Porqueira, Nogueira de Ramuín y la entidad local menor de Bemvibre.

En cuanto a la recomendación aprobada del PSOE gallego, que fue transaccionada, es la relativa a elaborar un informe de seguimiento de la fiscalización del endeudamiento autonómico, de los ejercicios 2018-2025, y el diferencial con el resto de las comunidades autónomas.

Durante el debate, la socialista Elena Espinosa ha reclamado que se adelante la presentación del plan de trabajo al mes de diciembre, para que «sirva realmente como herramienta de planificación», ya que a su juicio «no tiene sentido» que sea tratado en esta sesión.

Espinosa defendió 46 recomendaciones, y otras tantas llevaban los nacionalistas, cuya portavoz Noa Presas ha pedido «avanzar en transparencia».

Por su parte, la popular Cristina Sanz ha abogado por fiscalizar a las mancomunidades y ha argumentado el voto en contra de la mayoría de las recomendacoines de la oposición porque «o bien piden fiscalizaciones que no proceden o son propuetas repetidas».

OTROS DOS DEBATES

«Esto ya no le interesa a nadie (…) ya es pasado», ha advertido en otro momento de la comisión la diputada del PSdeG Elena Espinosa, en referencia a los informes de fiscalización de los años 2022 y 2023, que también ha debatido la comisión, junto a la contabilidad de las últimas elecciones autonómicas.

«Innoven», le ha llegado a decir la popular Cristina Sanz a la oposición, como consejo para que los populares no voten en contra de sus propuestas.

En lo relativo a estos informes, el PP también transaccionó una propuesta con los socialistas, de modo que reclama a la Xunta que agilice los procesos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.