El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Gobierno gallego ha acordado en su reunión semanal, celebrada este lunes, presentar recurso ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal que recula el reparto de menores migrantes no acompañados.

A principio de mes, el Ejecutivo autonómico había pedido informe al Consello Consultivo de Galicia, que, según ha indicado Rueda, ha proporcionado un dictamen aprobado «por mayoría» y «detallado» que aporta argumentos jurídicos sólidos para impulsar un recurso desde la Comunidad.

Según la Xunta en su pronunciamiento, este órgano señala que el real decreto ley sería inconstitucional, cuando menos, en seis artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

La «principal» razón motivada, según Rueda, es que invade competencias de las autonomías en materia de asistencia social y de protección a los menores.

También se considera que el decreto estatal «no tiene en cuenta» a las comunidades pese a que van a ser las que «ejecuten lo impuesto» por el Gobierno central; y que «no es la figura legal adecuada», ya que los decretos ley están «pensados para casos urgentes».

En este caso no estaría justificado, al ser una situación que se viene produciendo en los últimos ocho años. En esta línea, el Consultivo recuerda que desde 2022 se produjeron varios acuerdos sobre esta materia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

VALORACIÓN FAVORABLE POR MAYORÍA

Tras la valoración favorable por mayoría del Consello Consultivo de Galicia, Rueda ha anunciado que la Xunta va a interponer el recurso de inconstitucionalidad ante una norma que considera que invade competencias autonómicas, que «perjudica claramente el sistema de protección de la infancia», y que diseña un modelo que obliga a Galicia a emplear sus propios fondos para prestar un servicio que viene impuesto por el Estado sin consenso previo.

En este sentido, Rueda ha apuntado que la Xunta siempre votó a favor de los distintos repartos de menores migrantes no acompañados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ya que todos ellos se realizaron de manera consensuada, planificada y con financiación por parte de la Administración general del Estado, que es lo que sigue demandando el Gobierno gallego.

PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN

«Galicia no se va a negar nunca a ser solidaria, pero demandamos que las cosas se hagan bien, con planificación y financiación», ha defendido el presidente gallego.

Por el contrario, ha advertido que el decreto «anula el consenso y la participación de las comunidades autónomas», y opta por la vía de la «imposición», al tiempo que el propio Gobierno central, ha lamentado, «ha reconocido que no prevé aportar financiación por estos traslados».