El BNG ha registrado una iniciativa en el Parlamento gallego por la vía de urgencia, con el objetivo de que se incluya en el pleno de la próxima semana una iniciativa para preguntar al Gobierno autonómico sobre las «medidas amordazantes» que, según la formación nacionalista, impulsa con las instrucciones para el curso 2025/26.

La portavoz de Educación del BNG en la Cámara, Cristina Fernández Davila, se ha reunido este lunes con la CIG y la Confederación Anpas Galegas para abordar el documento con las polémicas instrucciones que recogieron la «neutralidad ideológica» de las actividades que se deben realizar en los centros.

Así, el Bloque coincide con ambas entidades en sus críticas a la Consellería de Educación porque, «lejos de querer implementar medidas reales de convivencia más democráticas», pretende «imponer una mordaza a la enseñanza y censurar todas las actividades que son organizadas» en los colegios e institutos.

En este contexto, Fernández Davila ha registrado esta iniciativa para preguntar si van a retirar las instrucciones que han generado una «alarma», porque la ‘neutralidad ideológica’ «no es más que un nuevo paso del Ejecutivo gallego del PP en la deriva a las órdenes del partido en Madrid hacia un acercamiento aún más intenso al ideario de la ultraderecha».

El BNG vincula estas medidas con varias acciones concretas que algunas comunidades educativas realizaron en los últimos meses para denunciar la instalación de Altri, el «genocidio» que sufre la población palestina y la situación del gallego, entre otras.

«Precisamente eso es lo que hace al alumnado libre, crítico, con opiniones plurales y con argumentos y valores democráticos», sostiene Fernández Davila.

Este mismo lunes, la CIG-Ensino –principal sindicato entre el profesorado de la pública– emitía un comunicado en el que cargaba contra el concepto ‘neutralidad ideológica’, que venía en la ley educativa de 1985 y no se reeditó en normas posteriores.

En cuanto a Anpas Galegas, enviaba otra nota de prensa en la que reprochaba que las instrucciones deja «comprometidas» las funciones del consejo escolar, al fijar que este órgano solo debe ser informado de las modificaciones de la programación anual de actividades de los centros, cuando el plan general sí debe recibir su visto bueno.