La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno en el que se establece la nueva retribución a la renovables y ofrece mantener hasta 2031 la tasa de rentabilidad anterior al recorte acometido en 2013, con el fin de evitar que los 45 frentes judiciales abiertos, y que piden a España indemnizaciones por más de 9.000 millones de euros, sigan adelante.

En concreto, el único órgano de la Cámara que se mantiene en pie desde la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre ha aprobado la iniciativa con 50 votos a favor, 19 abstenciones y ningún voto en contra. De los 69 diputados presentes en la Diputación Permanente, 25 pertenecen al PSOE; 13 al PP; 11 a Ciudadanos; 8 a Unidas Podemos; 5 a Vox; 3 a ERC; 1 al PNV y 3 al Grupo Mixto.

En primer lugar, durante el turno previo de intervenciones, el diputado del PSOE Guillermo Meijón, que ha trasladado el voto a favor de su grupo, ha destacado que el decreto responde a unos «ambiciosos» objetivos en materia medioambiental, en el marco del cumplimiento de los objetivos del marco estratégico de energía y clima.

De igual forma que lo ha defendido en su comparecencia inicial la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, Meijón ha resaltado que el cumplimiento de estos objetivos tiene que llevarse a cabo a través de un proceso «inclusivo y justo», con medidas como las incluidas en este decreto que persigue «un marco retributivo que genera confianza, certidumbre, una retribución razonable y la reducción de la litigiosidad».

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello también ha dado el visto bueno a esta iniciativa del Ejecutivo, afirmando que su grupo político ha recibido «favorablemente» el decreto, pues supone «un cambio de rumbo» en materia energética y una apuesta por las renovables, pese a que considera que se podría haber llegado más lejos.

«Servirá para recuperar una década perdida y para que los costes de la transición puedan recaer en los que más tienen o en los que más contaminan y no en las pymes o en los pequeños consumidores», ha añadido, argumentando que hay que acometer «con valentía» un cambio del modelo económico productivo energético, a través de «una mirada ecológica social y modernizadora».

CIUDADANOS, A FAVOR

Por su parte, la diputada de Esquerra Republicana Montserrat Bassa ha afirmado que su grupo no puede decir que no a este decreto, pues hace «justicia, al poner fin a los múltiples agravios que ha sufrido el sector fotovoltaico», entre los que ha señalado «el hachazo perpetrado por el Gobierno de Rajoy en 2013», que ha cifrado en 1.700 millones de euros al año por estas remuneraciones, así como el aumento de la litigiosidad.

En ese mismo sentido se ha mostrado la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, quien ha defendido el criterio de «urgencia» del proyecto presentado, no sin decir que «puede ser visto como un parche», que no es perfecto y en algunos casos «insuficiente» y que «no aborda algunas emergencias en materia energética».

Rodríguez, que ha comenzado su intervención poniendo en contexto la presentación de este decreto a raíz de una «política energética desorbitada de Zapatero que estafó a pequeños inversores», ha afirmado que esta iniciativa «no seguirá castigando a los pequeños inversores» y que sirve como «salvaguarda» para que los litigios no sigan adelante.

NI PP NI VOX VOTAN EN CONTRA

El diputado el PP Guillermo Mariscal ha aclarado que «en un ejercicio de responsabilidad» su grupo no votaría en contra, aunque ha criticado que este decreto llegue tarde, puesto que, en su opinión, ha «imposibilitado» una discusión parlamentaria del mismo y eliminado el derecho «legítimo» de la oposición a participar en su mejora».

El diputado ‘popular’ ha aprovechado su intervención para recomendar al Ejecutivo que suprima el impuesto de generación del 7%, lo que supondría una reducción de la factura del 3%, que lleve al Congreso el estatuto electrointensivo y que aclare cómo piensa el Gobierno compensar el déficit tarifario sin que aumente o perjudique la factura de empresas y familias.

Finalmente, el diputado de Vox Ignacio Garriga se ha mostrado contrario a la aprobación de este decreto –aunque no ha votado en contra–, al considerar que no garantiza que las compañías afectadas por los recortes en el pasado dejen de pleitear, criticando, asimismo, que no diferencia entre pequeños inversores y grandes compañías.

Garriga cree que el proyecto propuesto por el Gobierno «está mal diseñado» y sigue en la línea de la política energética que considera que se ha hecho en los últimos 40 años: «a base de ideología y sin atender a criterios de eficiencia» y ha afirmado que, al contrario de lo que defiende la ministra, el decreto «frustra la posibilidad de abaratar el recibo de la luz».