Los afectados por la disolución del Banco Popular han presentado una nueva querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la entidad financiera extinta Ángel Ron con la intención de que se pueda investigar las cuentas desde el año 2008 y no sólo ceñir el caso a la ampliación de capital de 2016.
Según explica la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ron está siendo investigado, junto a otros directivos del Banco Popular, en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional por la «presentación de unas cuentas anuales presuntamente falseadas y que no reflejaban la imagen fiel de la situación financiera de la entidad».
Unos hechos que el juez instructor José Luis Calama ha ceñido «exclusivamente» a la ampliación de capital de la entidad financiera extinta que tuvo lugar en el año 2016, apunta la querella. No obstante, la defensa de los afectados afirman en su escrito que la investigación no puede quedar «reducida» a estos hechos porque «a día de hoy existe ya mucha más información pública y privada sobre la situación financiera» del Popular.
En este sentido, recuerda que ya se han presentado diferentes querellas denunciando que las cuentas del Banco Popular «no eran fiables como mínimos desde el año 2008», según diferentes informes periciales.
NO CUADRAN LAS PÉRDIDAS
Asimismo, apunta la querella que también se han resuelto demandas por la ampliación de capital de hace tres años por la vía civil y que «numerosos magistrados» han manifestado en sus resoluciones que «no se entiende que en un periodo de sólo unos meses se generen 9.000 millones de euros en pérdidas sino es porque su origen se encuadra en años anteriores y pérdidas de ejercicios anteriores no declaradas».
Según recuerdan los afectados en su escrito, el Popular en el año 2016 cifró las pérdidas en más de 3,2 millones de euros y que al primer semestre del siguiente años éstas ascendieron a más de 12 millones de euros.
Por todo ello, la defensa de los perjudicados reclama que se investiguen también los ejercicios comprendidos entre el año 2008 y 2015 porque la duda sobre la verdadera situación económica del banco «planea sobre miles de inversores».
TRASLADO DE LA QUERELLA A ANTICORRUPCIÓN
Esta nueva querella aún no ha sido admitida a trámite pues el juez de la Audiencia Nacional ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre su pertinencia de aceptarla y comenzar a investigar también estos hechos o bien archivarla.
Asimismo, la defensa de los perjudicados reclama que sea el Banco Santander, que adquirió el banco Popular por un euro y por tanto asumiendo su deuda, que sea quien afronte una eventual responsabilidad civil subsidiaria.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado mes de abril retirar la imputación del Santander al entender que no podía heredar ninguna responsabilidad Penal cometida por el banco que absorbió.
