Los ministros de Transportes de la Unión Europea han llegado este jueves un acuerdo político para reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros que supondrá elevar de 3 a 4 y 6 horas –en función de la distancia del vuelo– el tiempo de retraso mínimo que dará derecho al pasajero a pedir una compensación; un acuerdo que sale adelante por mayoría cualificada y el voto en contra de España, Alemania, Estonia y Portugal.

Así las cosas, los gobiernos eliminan el derecho a indemnización desde las 3 horas de retraso –que en su día estableció el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con indemnizaciones de entre 250 y 600 euros. Los umbrales del nuevo reglamento pasarán a reconocer el derecho a reclamar 300 euros si el retraso es de al menos 4 horas en los vuelos de hasta 3.500 kilómetros y 500 euros sólo cuando el retraso supere las 6 horas de espera para rutas que superen esa distancia.

En las últimas horas, en un intento por ganar apoyos de entre los más reticentes, se introdujo en la propuesta la posibilidad de reclamar desde las 3 horas si el retraso afectaba a un vuelo con ida y vuelto en un lapso menor a las 24 horas, pero generó el rechazo de delegaciones que inicialmente apoyaban la reforma, por lo que fue retirado del compromiso final para recuperar sus votos.

A cambio, el texto de compromiso que será la base para negociar con la Eurocámara la forma definitiva de la norma, introduce también la obligación para las aerolíneas de habilitar un formulario que permita a los afectados tramitar de manera automática su indemnización en caso de cancelación.

«Gracias por el debate y por la flexibilidad, es un gran paso hacia una reforma muy necesaria para mejorar los derechos de los pasajeros de la UE. Es posible que no todo el mundo esté plenamente satisfecho, pero a eso yo lo llamo un buen compromiso, que es cuando nadie se queda cien por cien contento. Vamos ahora a empezar la negociación con el Parlamento Europeo», ha dicho el ministro de Polonia, Dariusz Klimczak, que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo.

El acuerdo ha salido adelante pese a los votos expresados en contra por los representantes de España, Alemania, Portugal y Eslovenia, que han avisado de que esta decisión supone un «retroceso» en los derechos adquiridos de los pasajeros europeos. Además se han abstenido Austria y Estonia, que no ven con buenos ojos el resultado final pero no quieren ser obstáculo para el acuerdo.

«No podemos apoyar esta propuesta», ha dicho en el debate final el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien ha reconocido «avances» pero ha insistido en que empeorar los umbrales para la indemnización por retraso era una «línea roja» para España y el resultado «empeora claramente la posición de los pasajeros».

REFORMA BLOQUEADA UNA DÉCADA

Durante el debate, tanto la presidencia como el comisario de Transportes, Apóstolos Tzitzikóstas, han subrayado la necesidad de aprovechar el «impulso» dado estas semanas para intentar el acuerdo, como una oportunidad para cubrir muchas de las lagunas que existen en el actual reglamento que tanto aerolíneas como consumidores consideran obsoleto.

La reforma está pendiente desde que la Comisión Europea presentó su propuesta en 2013, por lo que el comisario se ha mostrado dispuesto a cierta «flexibilidad» para dar su apoyo a la propuesta sobre la mesa, a pesar de que considera que su desarrollo no cumple todas las expectativas de Bruselas y podría ser complicado su aplicación.

La Eurocámara también fijó su posición hace más de una década, en 2014, por lo que sólo quedaba que los Veintisiete pacten su posición para poder iniciar unas negociaciones que, en el mejor de los casos, daría lugar a un nuevo reglamento de aplicación ya en 2026. De hecho, el margen de la negociación ha sido uno de los argumentos más evocados por los partidarios del acuerdo para pedir a los más reticentes que permitan avanzar y busquen defender sus condiciones en la siguiente fase.

Con el enfoque general adoptado por los Veintisiete, el texto será trasladado al Parlamento Europeo que puede aprobarlo en primera lectura, rechazarlo o enmendarlo, por lo que habrá espacio para negociar entre gobiernos y eurodiputados las posibles enmiendas.