El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha rechazado la «justicia estalinista» de dar de baja «en bloque» pisos turísticos, si bien no tiene «ningún inconveniente» en colaborar con el Ayuntamiento de Santiago si este le comunica «una por una» cuáles de las en torno a 600 que contabiliza en la capital gallega «son ilegales».

Llegado el caso, la Xunta se lo comunicará «al interesado», al que dará «audiencia» y «el ciudadano se podrá defender», según Merelles, en una intervención en la que se ha mostrado contrario a «esa justicia estalinista de dar de baja en bloque actividades económicas en un estado liberal». «Pienso que no puede funcionar», ha apostillado.

Por su parte, ha asegurado llevar tiempo «trabajado en el ámbito de peinar internet» y está «reforzando esa actividad de una forma objetiva y clara». «Y probablemente en poco tiempo podamos aportar datos que yo encantado presentaré en el Parlamento», ha afirmado.

Y ha criticado «el anuncio que hizo el ministro generando alarma y sin ningún respeto institucional» en su visita a Compostela, «porque quien tiene las competencias es la Xunta» y el ministerio «nunca se dirigió» a ella.

En el turno de los grupos, el popular Borja Verea se ha centrado en la situación de la capital gallega y en el debate sobre la presencia de pisos turísticos. Ha tildado de «auténtica irresponsabilidad» el anuncio del ministro y ha añadido que si el gobierno municipal, del BNG, «tiene la seguridad de que hay 600 ilegales, por qué no las cierra?».

Preguntado en rueda de prensa por las acusaciones de Verea, también portavoz popular en Santiago, el concejal de urbanismo, Iago Lestegás, ha considerado «sorprendente» que sugiera «que el Ayuntamiento no actúa». En esta línea, ha reivindicado que el Consistorio ha abierto en el último mes tres procedimientos a pisos turísticos, con sanciones propuestas de más de 30.000 euros.

«El Ayuntamiento está actuando desde hace tiempo», ha insistido el edil. Asimismo, el Consistorio continúa tramitando las bajas una a una de cada vivienda de uso turístico que no cuenta con licencia municipal –actualmente 66–, como exige la Xunta, aspecto que miembros del gobierno local han reiterado en varias ocasiones.

INSPECCIÓN

Las inspecciones realizadas por la Xunta para tratar de garantizar la legalidad y calidad de los diferentes servicios turísticos de Galicia subieron un 15% en 2024 en relación con el año anterior, de modo que el total de actuaciones se situó en 4.314, de las que 3.903 (el 94%) «están cerradas».

Así lo ha destacado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en la misma comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo, a la que asistía para informar sobre el plan de inspección de 2025.

Aún sobre los datos del pasado ejercicio, Merelles ha señalado que se elaboraron un total de 3.915 «actas/informes» por estas actuaciones, lo cual arroja un alza del 26%. Por su parte, los expedientes sancionadores crecieron un 13%, hasta 408.

La mayoría de las actuaciones, según el director xeral, tienen que ver con expedientes de alta, baja o modificación, actuaciones de oficio, sanciones y reclamaciones, entre otras. Por tipología, abarcan «todo el espectro» de alojamientos y otros establecimientos.

En un comunicado, la Xunta dice que el plan «viene optimizándose en los últimos años también con herramientas para luchar contra el fraude en internet». El de 2025, aprobado en el consejo de Turismo el pasado 8 de abril, sumará seis nuevos inspectores.

Merelles ha hablado de un «momento de gran dinamismo» y «plena transformación», mientras que el diputado del BNG Daniel Pérez ha avisado de que es preciso «un órgano de inspección turística, no un plan», para luchar, entre otras cuestiones, contra la «masificación».

Lara Méndez (PSdeG) ha constatado que la vivienda de uso turístico «ya está siendo en muchos casos un problema» para la vivienda residencial «y para los trabajadores».