La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto declarar estratégicos los recursos mineros y el conjunto de los recursos naturales gallegos y ha acusado al Gobierno de la Xunta de «abrir la puerta al expolio también en la minería».

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, la líder del Bloque ha destacado las principales líneas de la propuesta de su «gobierno alternativo» al señalar que incluye medidas reguladoras, de planificación y de gestión con un «horizonte claro»: «Galicia tiene que beneficiarse de la riqueza minera de Galicia».

Pontón ha recalcado la apuesta de la formación nacionalista por poner esa riqueza «al servicio del país», «garantizar el cierre de ciclos y la preservación de los sectores productivos, de recursos hídricos, del territorio y de la biodiversidad», frente a un Gobierno del PP que aplica en la minería «el mismo modus operandi» que viene aplica con todos los recursos naturales de Galicia, «la filosofía del expolio».

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de Rueda de utilizar esos recursos «para ponerlos en manos de grandes multinacionales o empresas amigas del PP a precio de saldo», facilitando que «se forren a costa de la riqueza de los gallegos y de las gallegas», mientras la mayoría paga el precio ambiental y social de este modelo.

«El Gobierno de Rueda repite el viejo diseño extractivo, el del expolio colonial de nuestros recursos que es lo que lleva haciendo con nuestra riqueza forestal o con nuestra riqueza energética», ha ejemplificado Pontón, que ha defendido la necesidad de «darle la vuelta a todo lo que lleva hecho hasta lo de ahora» un Ejecutivo del PP que «está trabajando a favor del lobby minero y de las multinacionales del sector».

En esta línea, ha dicho que la Xunta aprobó en 2023 una Agenda Minera Sostenible «con absoluto oscurantismo y sin conocimiento ni participación de la sociedad gallega» y que, posteriormente, en junio de 2024, inició la tramitación del Plan de desarrollo de los derechos mineros que, según ha dicho, da «barra libre para poner en el mercado al mejor postor alrededor de 200 mineros que estaban caducados».

En este sentido, ha criticado las medidas presentadas por la Xunta con la «retórica habitual del ‘greenwashing’, haciendo pasar por sostenible y economía circular lo que no es más que el expolio de siempre».

Dicho esto, se ha referido a los vínculos que hay entre el PP y las «empresas amigas y grandes lobbys económicos que se benefician de los recursos naturales gallegos». De ello, ha puesto como ejemplo el hecho de que el actual presidente de la Cámara Minera fue concejal del PP en Santa Comba hasta «hace unos meses» y ocupó «cargos directivos en empresas del sector como Rafaella Ressources, compañía que fue propietaria de la mina de San Fins y Varilongo».

«Creo que todas y todos sabemos qué pasó con la mina de San Fins», ha recordado para apuntar «lo bien que funcionan las puertas giratorias a favor de las empresas amigas del PP y en contra de los intereses de los gallegos y de las gallegas».

RED NATURA

En la rueda de prensa, además, Pontón ha denunciado como, mientras aprueba normativas que «aceleran el expolio» de los recursos mineros, el PP «paraliza instrumentos de planificación de las actividades extractivas y de protección del territorio».

«Ahí tenemos la paralización de la ampliación de la Red Natura o la paralización de la tramitación el plan sectorial de actividades extractivas», ha ejemplificado, tras mostrarse muy crítica también con la modificación de la composición del Consello de Minería de Galicia a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, con la que el PP eliminó la representación de todas las asociaciones ecologistas, organizaciones sindicales y de las comunidades de montes en mano común.

Pontón ha apuntado como el «último ejemplo» de este modelo del expolio «la mina de Doade», promovida por la empresa Recursos Minerales de Galicia, que pertenece al grupo aragonés SAMCA. «Mientras la Xunta dice promover proyectos que fortalezcan las cadenas de valor y que cierren los ciclos productivos en Galicia, en realidad, la fábrica de baterías que va a utilizar el mineral de Doade va a hacerse en Zaragoza, con una inversión de más de 4.000 millones», ha profundizado.

«Para Galicia, el coste ambiental y social, para otros territorios, inversiones millonarias y miles de puestos de trabajo y, todo esto, con la colaboración y complicidad del PP», ha resumido.

En este contexto, Pontón ha avanzado las principales líneas de actuación que ultima el gobierno alternativo del BNG para ordenar, planificar y programar el desarrollo de la minería en Galicia y que pasan en primer lugar, según ha señalado, por declarar estratégicos los recursos naturales de Galicia para ponerlos al servicio de país y de su mayoría social.

«La explotación de esos recursos deben planificarse en función de los intereses del país y garantizando la convivencia con las actividades propias del territorio, el cierre de los ciclos productivos y la simbiosis con otros sectores industriales», ha explicado.

El BNG también propone garantizar la participación del sector público, tanto la Administración gallega como de las entidades locales, así como de las comunidades donde se asienten los distintos proyectos, de forma que se garantice el retorno de un porcentaje de esos beneficios a los gallegos y a las gallegas. «Creemos que se debe vincular la autorización de derechos mineros con el cierre de los ciclos productivos en Galicia».

El Bloque también apuesta por que la explotación de los recursos mineros se haga desde la transparencia y participación social y, por último, aboga por que el desarrollo minero sea compatible con la protección patrimonial –natural y cultural–, con la protección de los recursos hídricos y con la prevalencia de actividades económicas de sectores estratégicos para el rural y el conjunto del país.

«Debemos priorizar la actividad agraria, ganadera, el sector pesquero y marisquero y el desarrollo de un monte multifuncional sobre los intereses del lobby minero», ha sostenido.