La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha celebrado la declaración de A Coruña como zona de mercado tensionado de vivienda y espera que «cunda el ejemplo».
En este sentido, ha llamado a un «acuerdo generalizado» entre ayuntamientos y Comunidades Autónomas para dar respuesta al problema de acceso a la vivienda. Desde el Gobierno, ha subrayado, «no va a faltar ni disposición, ni recursos, ni actitud para estar al lado de todas las personas, independientemente de quiénes gobiernen».
Así lo ha afirmado la ministra en Pamplona este jueves en una rueda de prensa tras participar en una visita al edificio de apartamentos para personas mayores construido en madera en el barrio de Azpilagaña, en compañía de la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.
Rodríguez ha recordado que la ley de vivienda, que recientemente ha cumplido dos años, «ha recibido distintos recursos de inconstitucionalidad». Una norma, ha explicado, que «venía a reforzar la capacidad de la Administración General del Estado en una competencia que, anómalamente, sin haber dado cumplimiento a una ley básica, que es lo que mandataba la Constitución, habían ido asumiendo las competencias las comunidades autónomas».
La ministra ha destacado que las primeras resoluciones del Constitucional «reconocen la importancia de la implicación de la Administración General del Estado para, más allá de una política económica o crediticia» en materia de vivienda, «de forma integra, hemos de intervenir para abordar la igualdad entre españoles». «De manera que estamos obligados a ello, se reconoce nuestra competencia», ha subrayado.
Rodríguez ha señalado que le llama la atención que los recursos del PP a la ley de vivienda «los son en aras a arrogarse la competencia en exclusiva», algo que comparte porque «creo en el Estado autonómico, en la diversidad de España y en la ambición de las administraciones que, en su proximidad y en su cercanía, quieran tener más competencias para prestar mejores servicios a los ciudadanos». «Lo que no puedo comprender es esa dicotomía de querer la competencia para después no ejercerla», ha resaltado.
En este sentido, ha abogado por que «todos ejerzamos y exprimamos nuestras competencias, desde los ayuntamientos, que hacen un esfuerzo en el planeamiento para tener más suelo para vivienda asequible o que hacen más esfuerzos en poner a disposición esos suelos públicos para la construcción de vivienda; hasta las autonomías».
Así pues, ha celebrado la decisión de la Xunta de Galicia de dar el visto bueno para que A Coruña sea declarada zona de mercado tensionado y ha esperado que «cunda el ejemplo. No voy a parar hasta consolidar esos acuerdos».
«Lo que ambiciono como ministra es que ese acuerdo sea un acuerdo generalizado en el conjunto de España, con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Porque solo así podemos dar la respuesta que espera la ciudadanía para resolver este problema. Por nuestra parte, no va a faltar ni disposición, ni recursos, ni actitud para estar al lado de todas las personas, independientemente de quiénes gobiernen», ha concluido.
La ministra ha considerado «preocupante» el incremento del precio de la vivienda en el conjunto de España, pero ha remarcado que «es aún más preocupante que, existiendo estos crecimientos exponenciales de los precios, haya administraciones públicas que no se den por aludidas».
Al respecto, ha puesto en valor las «soluciones» que «están resultando útiles allí donde se están aplicando», poniendo como ejemplo Barcelona, «donde ha bajado hasta un 6% el precio del alquiler» tras la declaración de zona de mercado tensionado.
Por el contrario, ha insistido en que «no se entiende que la comunidad autónoma donde más caro es acceder a una vivienda, véase Madrid, no se tome ninguna medida y se insista en que la respuesta debe ser el libre mercado y el dejar hacer, que se está comiendo los salarios de las familias y expulsando a los madrileños de sus ciudades y de sus barrios». «Si grave es el incremento, más grave es que no se quiere atender para dar respuestas eficaces», ha rechazado.
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