Comunidades autónomas gobernadas por el PP han acusado al Gobierno de trasladar datos «erróneos» sobre las plazas de acogida de menores migrantes no acompañados.

Así lo han puesto de manifiesto una vez finalizada la reunión de la Comisión de Infancia y Adolescencia de este miércoles en la que el Gobierno ha informado a las comunidades autónomas sobre la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio.

En este sentido, Aragón ha asegurado que los datos sobre plazas de menores en las comunidades autónomas del Ejecutivo central son «erróneos» y ha rechazado valorarlos. Precisamente, la autonomía tiene recurrido el requerimiento de información y sigue sin ofrecer cifras sobre sus sistema de protección de menores al Estado hasta que se resuelvan las cautelares correspondientes, según han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, desde el Gobierno de Aragón han calificado la comisión de este miércoles como «un nuevo esperpento», ya que el Ejecutivo central «ha comprobado con las comunidades autónomas como testigos que su real decreto-ley no está bien elaborado».

Igualmente, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha acusado al Gobierno de «filtrar datos erróneos» sobre menores acompañados con la intención de «imponer» su modelo de reubicación de los que se encuentran en Canarias y Ceuta en el resto de autonomías.

Además, Blanco ha tildado la reunión con el Ejecutivo de «pantomima» por su falta de «rigor y seriedad» en la que se han filtrado datos «erróneos» para elaborar las tablas que al Gobierno le «interesan».

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado «entrar en el juego» del Ministerio de Juventud e Infancia respecto al reparto de menores migrantes no acompañados hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el real decreto-ley aprobado en marzo en el que se recogía esta distribución

«Las comunidades autónomas hemos rechazado entrar en el juego del Ministerio de Juventud e Infancia, porque no queremos ni por acción ni por omisión validar unos criterios que se nos han impuesto, como se quiere imponer un reparto de menores», han informado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press.

Mientras, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha celebrado este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite los recursos presentados por su comunidad, Aragón y Cantabria contra el sistema de reparto de menores no acompañadas entre comunidades autónomas. También ha reiterado su rechazo a que este reparto se haga de forma «arbitraria», beneficiando a algunos territorios «sin criterios objetivos».

«Nosotros no vamos a entrar, ya lo he manifestado en varias ocasiones públicamente, en un uso de los menores migrantes para mantener unos apoyos parlamentarios al presidente del Gobierno», ha señalado en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, donde ha asegurado que Extremadura es «solidaria» y «rigurosa», pero se opondrá a un sistema basado en criterios «que no responden al sentido común».

Por otro lado, el viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, Francisco Candil, ha afeado «la falta de sensibilidad de un buen número de comunidades autónomas» con los menores migrantes y ha lamentado la muerte de migrantes en El Hierro al volcar una patera cuando estaba desembarcando en el puerto de La Restinga.

«Lo que nos gustaría es haber percibido más sensibilidad por parte de un buen número de comunidades», ha argumentado el responsable autonómico, que ha acusado a algunas comunidades autónomas de «ir creando puntos de fricción».

LA MAYORÍA DE CC.AA ESTÁN POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD ORDINARIA

Según la hoja de ruta presentada este miércoles a las comunidades autónomas por el Ministerio de Juventud e Infancia, la mayoría de las comunidades autónomas están por debajo de su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados. Es decir, casi todas las regiones deberían ampliar el número de plazas destinadas a este fin si se tuviese en cuenta exclusivamente el criterio de población.

La propuesta del Ministerio recoge los datos de la capacidad ordinaria correspondiente a cada territorio para acoger a los más de 15.000 menores migrantes no acompañados que hay actualmente en España. Concretamente, establece una capacidad media del sistema de 32 niños y jóvenes por cada 100.000 habitantes. De este modo, se entiende como capacidad ordinaria de cada territorio el número de plazas que debe tener en función de su población.