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Pontón exige a Rueda «transparencia» sobre el contrato con Povisa y rechaza supeditar la salud al «negocio privado»

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado este viernes su «preocupación» ante los movimientos de Vivalto Santé, principal accionista del grupo Ribera Salud (propietario del hospital Povisa), cesando a dos de los directivos, y por cómo podrían afectar a la atención a los pacientes, y ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «transparencia» sobre el contrato millonario que el Sergas ha firmado con el hospital privado, que es centro de referencia para 120.000 gallegos.

Así lo ha trasladado desde Tui, onde los nacionalistas han celebrado una reunión interparlamentaria, y donde Pontón ha lamentado que movimientos de este tipo «son las consecuencias de la privatización de la sanidad». «No puede ser que una parte muy importante de la salud de los gallegos y las gallegas esté condicionada por los intereses económicos de fondos de inversión, que lo único que buscan es maximizar su beneficio», ha subrayado.

Pontón ha recordado que el PP sigue «drenando» millones de euros a la sanidad privada, y ello tras construir en Vigo un hospital con «un sobrecoste de 470 millones de euros», que acabó siendo «más pequeño y con menos servicios» de lo proyectado.

Como resultado, la atención sanitaria en la ciudad olívica y en varios municipios del área está «condicionada por la decisión de fondos extranjeros que lo único que quierenes ganar cada vez más a costa de la salud de los gallegos y gallegas».

Por ello, para la líder del BNG «es aún más urgente la transparencia» con respecto al convenio entre el gobierno gallego y el hospital Povisa. Así, ha pedido otra vez que el acuerdo se remita al Parlamento gallego y que se estudie una alternativa para que la atención de esas 120.000 personas pase a depender directamente del sistema público.

Según ha recordado el BNG, en menos de 7 años, Povisa ha experimentado varios cambios en su propiedad, en función de los movimientos empresariales del sector de la sanidad privada. En 2019 dejó de estar controlado por capital gallego y pasó a manos del grupo Ribera Salud que, a su vez, en 2022 pasó estar bajo el control del grupo francés Vivaltó Santé.

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