El Ayuntamiento de Santiago ha avanzado que «idealmente la semana que viene» presentará formalmente la solicitud a la Xunta para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Esta petición tiene que ser aprobada por la junta local de gobierno antes de remitirla al Ejecutivo gallego.
Raxoi última los detalles para presentar la petición al Gobierno gallego, tal y como ha trasladado este jueves el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la segunda reunión de la mesa sectorial de vivienda.
«Tenemos toda la documentación lista, la memoria justificativa preparada en vistas a cerrar alguna cosa que pueda salir hoy, el diagnóstico hecho, las respuestas a las alegaciones y el proyecto del plan de medidas correctoras específicas», ha concretado Lestegás.
En esta línea, el titular de Urbanismo ha recordado las medidas correctoras que se llevarán a cabo, que adelantó a inicios de mayo. En primer lugar se optimizará el actual parque residencial, con la imposición de un gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente. También, el ayuntamiento seguirá actuando sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT).
Asimismo, ha añadido, se contempla la creación de una sociedad urbanística pública y la construcción y rehabilitación de pisos municipales.
Con todo, la declaración de zona tensionada, servirá para «contener la escalada del precio del alquiler» y también para que el ayuntamiento «pueda acceder a fondos estatales específicos para políticas de vivienda».
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Preguntado por los medios por su opinión acerca de las políticas de la Xunta, que dará dinero para que se rehabiliten las viviendas para ponerlas en alquiler, Lestegás ha asegurado que todas las medidas «pueden ser complementarias», ya «no hay una única herramienta para abordar el problema de la vivienda».
En este sentido, ha puntualizado que los ayuntamientos «tienen sus competencias en materia urbanística», por eso todo el tema de rehabilitación y conservación son «sus competencias». No obstante, otras administraciones «pueden y deben ejercer las suyas para abordar el problema desde sus perspectivas».
