El Ministerio Público ha mantenido su petición de condena a 15 meses de prisión, así como 12 años de inhabilitación, para el alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane, por el derribo, en diciembre de 2020, de la Casa Carnicero, un bien catalogado pero, según el regidor, en ruinas tras un incendio lo que motivó la decisión adoptada.

La misma pena pide para el arquitecto, del área de Obras Públicas, que supervisó la ejecución de las obras frente a las peticiones de absolución de sus respectivas defensas.

En la última sesión del juicio, en la Audiencia Provincial de A Coruña, la Fiscalía ha insistido en las preguntas a los últimos testigos en la legislación autonómica y la municipal sobre las condiciones para permitir o no el derribo, lo que, sostiene, no era posible sin la correspondiente autorización autonómica.

Frente a ello, en su declaración, el alcalde sostuvo que no exigía autorización, y sí comunicación, como se realizó, explicó, el día anterior al derribo. Además, se remitió a los informes técnicos y a las decisiones de su equipo, entre ellos la secretaria accidental en el momento de los hechos y que hoy ha declarado como testigo.

LEGISLACIÓN

En su caso, ha dicho que comprobó la legislación autonómica y que no vio que «en ruinas» se exigiera autorización y que así lo transmitió al alcalde. Además, ha afirmado, a preguntas de la defensa del regidor — parte por la que compareció como testigo — que el objetivo del consistorio era rehabilitar el inmueble y dotarlo de servicios, descartando que hubiese una intención inicial ya de derribo.

Los propietarios confirmaron, a su vez, esto y también que iniciaron conversaciones con el gobierno local para la cesión del inmueble. Admitieron que cuando se les requirió para adoptar medidas ante el estado en el que se encontraba Casa Carnicero tras el fuego no lo hicieron por falta de recursos económicos y que fue cuando el ayuntamiento asumió las actuaciones.

Un perito aportado por la defensa del arquitecto imputado por estos hechos rechazó que el edificio se pudiese apuntalar, para evitar una demolición, o que se pudiese rehabilitar. «Todo lo singular, despareció por el incendio», ha insistido para indicar que no eran «viables» estas actuaciones. «El riesgo de colapso era cada vez mayor», ha insistido.

A su vez, una arquitecto y técnico de la Xunta ha aseverado que el inmueble era de «protección no integral» y ha manifestado que era necesaria una autorización por ser «un bien protegido». Sobre los elementos singulares destruidos por el incendio, ha señalado que, aún así, lo que se protege del bien es la «envolvente», en relación a lo que aún quedó tras el fuego.

«Había que evitar cualquier muerte, cualquier accidente», sostuvo en su declaración del martes el regidor, mientras que el arquitecto técnico municipal se remitió a los informes técnicos e insistió en que la demolición se hizo de acuerdo con los mismos.