La delegación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo ha constatado que el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea exigir un umbral mínimo en las elecciones europeas para obtener escaño, una medida acordada por el Consejo de la UE en 2018 y que sigue pendiente de ratificar, y ha aconsejado a los grupos parlamentarios sortear esa oposición promoviendo la reforma directamente en el Congreso.

La citada reforma electoral de 2018 busca armonizar las prácticas para las elecciones al Parlamento Europeo en todos los Estados miembros de la UE y uno de los puntos de la reforma prevé la introducción de un umbral electoral nacional obligatorio, de entre el 3% y el 5%, para la asignación de escaños en países con una única circunscripción electoral, como es el caso de España.

Imponer ese porcentaje mínimo podría dejar fuera del Parlamento Europeo a Junts, que en 2024 sacó un escaño con el 2,52%, y a la coalición CEUS de PNV y CC, que obtuvo el último escaño en liza con el 1,63%. También perjudicaría las opciones de formaciones minoritarias como Podemos, Se Acabó la Fiesta y la coalición de ERC-Bildu-BNG, que cosecharon entre el 3,3 y el 5% de los votos.

Precisamente, el PPdeG ha emitido un comunicado en el que remarca que exige a Pedro Sánchez que «cumpla con la legislación europea para evitar engaños electorales como el del BNG con su papeleta compartida con ERC y Bildu».

España es el único país que sigue sin ratificar esa reforma electoral y por ello una delegación de nueve eurodiputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha viajado esta semana a Madrid para pedir explicaciones y averiguar cuáles son los obstáculos. El PPdeG destaca que Adrián Vázquez, que participa en la misma, vicepreside el órgano.

PORTAZO DEL GOBIERNO

Los eurodiputados se han visto con miembros de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), profesores de derecho constitucional y electoral, miembros de centros de estudios y fundaciones, y de la Junta Electoral Central, y querían también haberse visto con representantes del Gobierno español, pero no se les ha recibido.

La conclusión de la delegación, según su portavoz, el eurodiputado alemán Sven Simon (PPE), es que los obstáculos para ratificar la reforma son «de naturaleza política, no jurídicos». Aunque entiende las «dificultades», cree que para eso está el diálogo, pero se han encontrado con la negativa del Gobierno, que «ni está dispuesto a aplicarla ni a embarcarse en conversaciones».

El eurodiputado democristiano admite que, al no ser una directiva de la Comisión Europea, sino una propuesta del Consejo de jefes de gobierno, no hay opción de presionar a España con amenazas de sanciones. «Si España no procede a ratificarlo, la UE no tiene más mecanismos», ha dicho.

Lo único que propone como alternativa es sortear la negativa del Gobierno con una proposición de ley en el Congreso, y así se lo han trasladado a los grupos parlamentarios. Pero la respuesta tampoco invita a la esperanza porque se escudan en que no hay mayoría: «Las respuestas de los grupos han sido vagas», admite Simon.