Airbnb ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de usar una «metodología indiscriminada» a la hora de elaborar un listado de anuncios de pisos turísticos y ha asegurado que recurrirá todas las decisiones relacionadas con este caso tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que insta a eliminar 5.800 anuncios en la plataforma.

«Airbnb continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso. Estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas», ha indicado un portavoz de la compañía a Europa Press.

«El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)», ha añadido.

A su vez, el portavoz ha denunciado que ha ignorado de «manera deliberada» las resoluciones del Tribunal Supremo de España que «han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro».

Por otro lado, ha mantenido que la firma es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. En esta línea, en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Además, en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TSJUE, dictó una sentencia «clave», según Airbnb: «la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia».

En los últimos meses, Consumo ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas, mientras que el TSJM ha atendido la primera de ellas con esa petición de eliminar anuncios.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.

Este mismo lunes, Bustinduy ha calificado la decisión del TSJM como un «gran victoria» en defensa por la vivienda, además de celebrar que esta noticia es un «claro aval» de la acción de su departamento ministerial en «defensa de los derechos de los consumidores».

Sobre las otros dos requerimientos, espera que el resultado sea el mismo, ya que cree que la compañía «habrá recurrido», aunque «los argumentos son los mismos».

REGISTRO DE ANUNCIOS EN AIRBNB

Sobre su registro de anuncios, Airbnb ha defendido que recuerda «siempre» a los anfitriones la necesidad de comprobar y cumplir con las leyes locales antes de anunciar un espacio en la plataforma.

En esta línea, también ha destacado que pide a todos los anfitriones que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda a lo largo del año que comprueben y cumplan con las reglas locales»: «Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma».

Según explica, Airbnb no sólo se anuncian viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamiento –como apartamentos turísticos, hoteles, hostales o viviendas de temporada– que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo.

A la hora de perseguir la oferta ilegal, desde la compañía ha resaltado las recientes colaboraciones con los gobiernos de la Islas Canarias, la Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, destacando que» ponen de manifiesto el compromiso de la plataforma de asociarse con ciudades y gobiernos de toda España para fomentar un turismo sostenible que beneficie a todas las partes implicadas por igual».

Asimismo, un portal para gestionar peticiones de autoridades policiales, una línea telefónica para que los vecinos denuncien posibles molestias o la prohibición de fiestas son algunas de las iniciativas implementadas en los últimos años y que ha resaltado Airbnb para reforzar la confianza en la plataforma.

¿POR QUÉ SON ILEGALES LOS ANUNCIOS DE AIRBNB, SEGÚN CONSUMO?

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los anuncios que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.