Un total de 610 licencias figuran en el registro autonómico gallego en el que se deben inscribir los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, los conocidos como VTC, una actividad que aunque está recogida en diversa normativa, aún está pendiente de desarrollo.
En Galicia, diversas empresas operan estos servicios que también ofrecen plataformas como Cabify que, según ha trasladado a Europa Press, está disponible en A Coruña desde 2018. Además, ha señalado que, si bien ya trabaja en Santiago de Compostela para solicitudes bajo reserva, como puede ser el traslado al aeropuerto, desde 2024 el servicio está disponible de manera inmediata a través de su aplicación móvil.
Así las cosas y aunque hay legislación estatal y autonómica sobre este asunto, el Gobierno gallego introdujo en 2024 una modificación legal a través de la que da competencia a los ayuntamientos para autorizar la prestación de estos servicios.
En concreto, la Ley gallega de transporte público en vehículos de turismo, en su título III, regula el arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte de personas, que podrán ejercer las personas que tengan la correspondiente autorización y señala los requisitos para ello, como, entre otros, disponer de una flota mínima de vehículos.
Incluye aspectos como que no podrán esperar ni circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar recogida de personas que no contratasen previamente el servicio. Así, prevé que se tenga que contratar con una antelación mínima de 15 minutos a su prestación y que se formalice en soporte papel o electrónico. Sin embargo, en otras regiones como Baleares la normativa que obligaba a reservar con antelación los VTC fue anulada por el Tribunal Supremo.
El Gobierno también aprobó en 2018 un decreto por el que se preveía que estos vehículos solo puedan realizar servicios interurbanos, dejando un plazo de cuatro años para operar a modo de indemnización que finalizó a finales de septiembre de 2022.
Tras ello, tal y como han señalado a Europa Press fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la que depende de la Dirección Xeral de Mobilidade, la norma gallega que habilitó expresamente la competencia de los ayuntamientos para regular a través de ordenanzas y confirmó lo establecido en la legislación estatal para autorizar solo VTC en tráficos interurbanos fue la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2024.
Esta norma modificó el artículo de la ley gallega para incluir que los ayuntamientos serán competentes para otorgar las autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quienes dispongan previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia.
NINGUNA CIUDAD CUENTA CON ORDENANZA
Pese a la delegación de competencias a los ayuntamientos, tal y como ha confirmado Europa Press con los diferentes consistorios, ninguna de las siete ciudades gallegas cuenta actualmente con una ordenanza que desarrolle esta regulación.
Fuentes del Ayuntamiento de Santiago han indicado que si bien «no está contemplada ninguna ordenanza», la voluntad del gobierno municipal es regular los servicios urbanos de VTC en el marco de las competencias que la Xunta le da a los consistorios, con el objetivo de garantizar que no colisione con el taxi.
«Entendemos que no se pueden prohibir todos los servicios urbanos de VTC, si eso implica prohibir los servicios de transfer, tal y como se venían entendiendo», indican estas fuentes, que inciden en la «complejidad» de esta cuestión y que «aún se está creando jurisprudencia a nivel estatal», toda vez que el Tribunal Supremo anuló recientemente la obligación de varias comunidades autónomas de que el servicio de VTC fuese contratado con un mínimo de media hora de antelación.
Asimismo, el Ayuntamiento de A Coruña ha señalado que también se regula por la normativa autonómica existente y ha precisado, además, abrió dos expedientes, que aún no están cerrados, como consecuencias de sendas denuncias sobre esta actividad en la ciudad.
En Lugo, fuentes del Consistorio han indicado que, por el momento, no hay ningún vehículo VTC ni está previsto que lo haya. Además, indican que la ordenanza municipal de transporte público solo contempla a los taxis para prestar este tipo de servicios.
Por su parte, en Ourense, sí hay conocimiento de que al menos dos empresas ofrecen este servicio, para el que no hay ordenanza municipal específica, como tampoco la tienen urbes como Ferrol, Pontevedra y Vigo.
Además, preguntada al respecto, fuentes consultadas por Europa Press han señalado que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no tuvo comunicación oficial por parte del Gobierno gallego de los cambios introducidos en la ley para otorgar las competencias a los ayuntamientos y han trasladado que tampoco se les hizo participes en las modificaciones, pese a afectar a las administraciones locales.
