La Xunta de Galicia ha reivindicado la actuación del Gobierno autonómico durante el apagón del 28 de abril. «Cuando todos conocemos el desenlace, es muy fácil dar lecciones», aseveran.

Así lo ha defendido el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, que ha respondido este miércoles a una pregunta formulada por el grupo nacionalista en sede parlamentaria sobre la caída general del sistema eléctrico, concretamente sobre su impacto en el sistema educativo.

La diputada nacionalista Mercedes Queixas ha criticado el «caos» que vivió la comunidad durante el apagón gracias a la gestión de la Administración autonómica. «Entendemos que es complicado, pero lo que no es de recibo es la falta de lealtad institucional para crear un conflicto mayor al Estado, y la falta de coordinación entre ambas administraciones», ha señalado.

«Cuando todos conocemos el desenlace, es muy fácil dar lecciones», ha señalado Vila, que ha incidido en que en la situación «inédita» que se vivió, «no es la consellería la que toma las decisiones».

El secretario xeral ha relatado todo lo ocurrido el último lunes de abril desde que se produjo el apagón, a las 12.33, hasta que fue el Ministerio del Interior el que tomó las riendas de la emergencia, en nivel 3 en todo el Estado.

Antes de eso, y sobre la comunicación de las cancelación de las clases para el martes 29 de abril, Vila explica que habían recibido la indicación del Gobierno de ahorrar combustible y que Galicia cuenta con la mayor red de transporte escolar del Estado. «Por eso se manda esa comunicación en tiempo y forma a todas las familias, otra cosa es que se haya caído el sistema», ha apuntado.

«No existe ninguna contradicción ni caos que usted relata. Los distintos niveles de emergencia se fueron adaptando a una situación inédita», ha insistido.

El secretario xeral técnico también ha respondido otra pregunta parlamentaria del bng sobre el protocolo de sustituciones en los centros educativos que están con baja.

La diputada nacionalista ha acusado al Ejecutivo gallego de no suplir las bajas conocidas de antemano, ni tampoco las que se sabe que se van a renovar.

SISTEMA DE SUSTITUCIONES DE BAJAS

Vila, por su parte, ha reivindicado el buen funcionamiento del sistema educativo gallego, avalado por diferentes índices internacionales. «Un modelo robusto que combina excelencia con igualdad de oportunidades y con la mayor estabilidad docente, con el menor porcentaje de interinidad, muy por debajo de la media estatal (del 5%)», ha explicado.

El sistema de gestión de sustituciones, ha continuado, lleva muchos años en funcionamiento y es reconocido fuera de Galicia. Los plazos que manejan, ha detallado, para sustituciones docentes es de 15 días en secundaria y 10 en primaria, con una cobertura dos días por semana.

«Es una regla tácitamente aceptada por todas las partes, pero no es inamovible. Cuando las necesidades del centro lo requieren, se adapta. Por ejemplo para escuelas unitarias o para el alumnado de segundo de bachillerato», ha indicado.

CASA CORNIDE

La diputada nacionalista ha sido la encargada también de formular otra pregunta sobre las acciones que lleva a cabo la Xunta para garantizar la apertura al público de la Casa Cornide.

Ha sido el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, el encargado de responder, haciendo un repaso por la situación a la que se enfrenta el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En este punto se ha amparado Queixas, que ha calificado de «tomadura de pelo a la ciudadanía» el cierre de la Casa Cornide, pese a que por su condición de BIC los propietarios del mismo tengan que permitir un acceso mínimo de cuatro días al mes. Echa de menos, ha comentado, un «pronunciamiento público contundente» por parte del Gobierno a este respecto.

Anxo Lorenzo ha defendido la actuación de la Xunta, pero ha puntualizado que actualmente existe un litigio en marcha, que arrancó en 2024 cuando los propietarios de la vivienda alegaron que la utilizaban habitualmente, algo que no coincidía con la valoración de los técnicos de patrimonio, que apuntaron que no había muebles.

En junio de 2024, se incoa un procedimiento sancionador a la familia por incumplir lo recogido en la legislación, que se salda con una infracción leve, que conlleva una sanción de una multa de 3.000 euros.

Los propietarios han presentado recurso de alzada a esta decisión, ahora en estudio.

Pese a esto, en noviembre de 2024 presentan una propuesta de visitas y la dirección xeral da conformidad para que sean guiadas, de lunes a jueves y de 9 a 13 horas, en cuatro turnos de visita con cinco personas máximo por turno.

Ya este año, en el mes de abril, los propietarios envían un escrito alegando que la normativa que obliga a permitir las visitas «no dice que tengan que ser ellos los que asuman los costes».

La dirección xeral de Patrimonio responde este mismo mes de mayo que, en base a la normativa, es «obligación inherente a la condición de propietario y que la ley no atribuye a la administración estos gastos».