La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (Asgaded) ha exigido este lunes la derogación del proceso de valoración conjunto de dependencia y discapacidad impulsado por la Xunta de Galicia, que han tachado de «chapuza». «Es una campaña de propaganda para disimular la mala gestión de las listas de espera», han asegurado dos vocales de la asociación, Margarita Prieto y Francisco Vázquez.
Así lo han defendido en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Santiago de Compostela, donde han apuntado además que la espera media para obtener la valoración, con datos de marzo, es de casi 400 días.
Para la asociación, el nuevo procedimiento trata de «disimular» la «nula gestión» de las listas de espera, para las que se siguen sin reforzar los equipos de valoración. «Es una chapuza desde el punto de vista técnico. Esto no resuelve los problemas del sistema», ha afirmado Francisco Vázquez.
Entre los problemas que, aseguran, está dejando esta valoración unificada, está el empeoramiento de las evaluaciones, que ya no se hacen presencialmente de forma estandarizada. Esto además contradice la legislación estatal, que recoge que las valoraciones deben hacer en persona por norma general, con lo que se genera una situación de inseguridad jurídica.
A este respecto, insisten en que hay espectos de la dependencia que el facultativo debe «ver en persona» como es la movilidad, entre otras.
Asimismo, apuntan que la propia homologación entre dependencia y discapacidad genera «problemas», dado que «no es lo mismo». «Una persona puede tener una discapacidad y no ser dependiente, y al contrario», matizan.
LISTAS DE ESPERA DE CASI 400 DÍAS
Señalan también que esta medida abre la puerta a la judicialización — afectados recurren ante la ley — y a la privatización, pues fomenta que los informes los lleven a cabo mutuas y entidades privadas ante el incremento de la carga de trabajo a la que someten a los trabajadores de los equipos.
Indican que esto se debe a que antes era el médico del evaluado el que «sintetizaba» en un informe los datos, mientras que ahora hay que «indagar» en su expediente clínico, «algo, que según el paciente, puede llevar horas».
Por todo ello, afean que la Xunta trate de solucionar un problema «a golpe de ocurrencia», haciéndolo además «por la puerta de atrás», mediante la Lei de Acompañamento, y piden que se derogue.
«La homologación significa discriminación y pérdida de derechos», han afirmado.
También en esta línea, insisten en que estas medidas no solucionan el verdadero problema: las listas de espera para las valoraciones, que casi llegan a los 400 días.
Si bien señalan que depende de las provincias y de cómo se encuentren en cada momento los equipos, para discapacidad se está llegando en Lugo a los expedientes de 2022 y en dependencia en Cpruña, a los de 2023.
