La diputada del BNG Montse Prado acusa a la Xunta de llevar a cabo una «persecución» a trabajadores de baja, al tiempo que Elena Espinosa (PSdeG) responsabiliza al Gobierno gallego de señalar de forma «injusta» a empleados a través del plan de inspecciones puesto en marcha contra el absentismo. Al respecto, la secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha defendido que «la prioridad número uno» es la de «restablecer su salud».
En la Comisión de Sanidade, la secretaria xeral ha hecho balance de este plan impulsado en agosto del año pasado, tal y como ya se abordó en el Consello de esta semana. Desde su puesta en marcha ha supuesto la revisión de 67.963 procesos y la citación para una evaluación presencial a 28.748 pacientes de baja. De los procesos revisados, se generaron un total de 20.681 altas.
Con datos de enero de este año, la prevalencia de los procesos que duraron un mes se redujo en un 14,6% respecto a enero del año anterior y la prevalencia de los procesos que duraron 10 meses disminuyó un 14,3%.
También ha avanzado que el plan prevé contar con unidades especializadas de inspección para los procesos de mayor incidencia, como patologías musculo-esqueléticas y psiquiatría menor.
Además, los servicios de admisión de los hospitales ya emitieron 363 partes de incapacidad temporal para el caso de las cirugías programadas.
Por otra parte, destaca que la Xunta, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, ya facilita la cita telefónica de control para trabajadores de baja por neoplasias, fracturas o covid.
«CRIMINALIZAR» A TRABAJADORES Y MÉDICOS
Durante el debate, Montse Prado (BNG) ha reprochado a la Xunta «primar los intereses de la patronal» al hacer un plan contra el absentismo a medida de sus peticiones, «todo perfectamente encajado» en una estrategia para «criminalizar a los médicos y dolientes en lugar de resolver los problemas de fondo», los cuales son «por qué no son atendidos en tiempo y forma».
Reprocha esta «persecución» a trabajadores y el «descrédito de profesionales que tienen que prescribir esas bajas», lo cual la Xunta hace «a cara descubierta».
También ha afeado la diputada del Bloque el reciente informe del Consello de Contas que señala que la Xunta «mintió» con el plan de salud mental al solo ejecutar 24 millones de 81 comprometidos, además de haber menos profesionales de los anunciados.
Mientras, Elena Espinosa (PSdeG) remarca que la situación de miles de trabajadores de baja «sin necesitarla» es «consecuencia de las listas de espera que les impiden ir a la consulta de un especialista, realizar pruebas diagnósticas o ser operados».
Y es que la diputada socialista responsabiliza a la Xunta de que el problema de acceso a la sanidad pública «es el principal factor de que muchas personas hoy se encuentren de baja laboral».
En cambio, Natalia Lobato asegura que se persigue recuperar la salud de los pacientes, así como apoyar a los profesionales sanitarios con el fin de ayudarles en su gestión. «En ningún caso se pone el foco en el trabajador, es un paciente», sostiene.
Por su parte, Encarna Amigo (PPdeG) se ha referido al «impacto importante» que el absentismo tiene en Galicia, mayor que la media estatal, sobre la economía y el sistema sanitario, y agradece la labor de la Xunta para una «reducción de burocracia».
