La gerencia territorial del Catastro ha acordado no alterar el registro en el que figura la Xunta como titular catastral de los terrenos donde se iba a construir un centro de asociacionismo, en los antiguos juzgados de la calle Lalín en Vigo, y ha instado a dirimir el conflicto entre Ayuntamiento y gobierno gallego por la propiedad de la parcela en la vía civil.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento olívico, Jaime Aneiros, remitió un escrito al Catastro solicitando que se regularizara la titularidad catastral del inmueble, ya que éste figura en el Registro de la Propiedad como de titularidad municipal y así está inscrito en el Inventario Municipal de Bienes.

La parcela objeto de controversia es la que acoge el edificio de los antiguos juzgados, así como la explanada que tiene enfrente y el aparcamiento bajo el inmueble. En su momento, la Xunta anunció la construcción de un centro de asociacionismo con una inversión de 24 millones de euros.

De hecho, en noviembre del año pasado, el Ayuntamiento le otorgó licencia pero, dos meses después, revocó el permiso, alegando que la parcela estaba registrada a nombre del consistorio en el Registro de la Propiedad.

La Xunta mantiene que ese edificio fue transferido por el Estado en propiedad y sin vinculación de destino, y que tanto la parcela como el edificio fueron dados de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos de Galicia, «sin condicionamiento de ningún tipo». De hecho, ha recordado el gobierno gallego, por ese inmueble la Xunta ha estado pagando IBI a las arcas municipales (más de 41.000 euros en 2024).

Sin embargo, el gobierno municipal reclama que le sea devuelto, y el alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento construirá ahí dotaciones municipales para atender a los vecinos de Coia, Navia y Bouzas, que contarán con un auditorio y una sala de conciertos (aunque no se conocen detalles del proyecto).

Así las cosas, el Ayuntamiento dio un paso al frente solicitando al Catastro que modifique el registro, pero el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha acordado no alterar dicho registro y concluye que aquí concurre un conflicto de naturaleza civil que excede su competencias. Además, señala que no cabe cuestionar la certeza del dato catastral, porque la titularidad que señala, que corresponde a la Xunta, tiene su origen en un documento posterior al título del Registro de la Propiedad.

En declaraciones remitidas a los medios, Jaime Aneiros insiste en que «en aplicación de la propia ley del Catastro», la titularidad municipal, reflejada en el Registro de la Propiedad, «prevalece» frente a cualquier otra manifestación.

Según ha señalado, la Xunta «intentó» inscribir la parcela como suya en ese Registro, pero éste denegó la inscripción porque «no existía título habilitante», y ahora el Catastro «se mantiene fuera de la discusión jurídica que pretende mantener la Xunta por la titularidad de los antiguos juzgados».