La Xunta acusa al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de «falta de colaboración institucional» por no haber comunicado a la Administración autonómica de forma «oficial» las irregularidades que avanzó este mismo viernes en los anuncios de más de 9.000 anuncios de viviendas turísticas.

Así critica la Axencia Turismo de Galicia en un comunicado esta visita del ministro a Santiago, quien avanzó que «en los próximos días» enviará a la Xunta un archivo digital con un listado de 14.960 anuncios de pisos turísticos, de los cuales 9.125 (el 60%) son «ilegales» al no incluir el número de registro.

El Ejecutivo autonómico afea que Bustinduy anunciese públicamente esta publicidad ilícita antes de haberlo comunicado a la administración que tiene «competencias exclusivas» en la materia. En cualquier caso, Turismo de Galicia promete estudiar esta documentación «cuando sea recibida de manera oficial, con datos y motivos específicos para poder actuar en consecuencia».

Y es que la Xunta defiende que actúa «con rigurosidad, seriedad y garantizando los derechos de todos los implicados». En este sentido, reivindica que «lleva desde 2017 regulando y controlando este tipo de alojamientos» a través de un decreto que fue «pionero» y que ya recoge la obligatoriedad de publicitarse con el número de registro.

Además, la inspección turística de la Xunta «actúa» y pone como ejemplo las más de 4.000 visitas realizadas el año pasado a los establecimientos turísticos, entre los que están las VUT, y en este 2025, el cuerpo de inspección «se reforzará con nuevos inspectores».

Junto a esto, reivindica que «colabora estrechamente» en base a dicho decreto y actúa «siempre que los ayuntamientos notifican que esa actividad es contraria al plan urbanístico o carece del título habilitante municipal» y «en caso de que ese ayuntamiento lo exija».

En el caso de Santiago, Turismo de Galicia confirma que ya dio de baja, en 2024 y en lo que va de 2025, un total de 134 viviendas de este tipo, «siempre estando debidamente justificada y comunicada» por el ayuntamiento.