El Gobierno gallego ha empezado a dar nuevos pasos para la concreción y desarrollo de la nueva competencia de gestión y ordenación del litoral, que se hará efectiva a partir del 1 de julio. Entre los planes de la Xunta, con el fin de dotar los procesos de mayor agilidad, está el de regular un procedimiento único para todas las autorizaciones administrativas y títulos habilitantes en la costa. También creará un Catálogo de Patrimonio Cultural.

Cinco días después de que el Gobierno central y la Xunta rubricasen en Santiago el acuerdo para el que es el primer traspaso que recibe Galicia en casi 17 años, el Ejecutivo autonómico ha analizado en su reunión semanal la hoja de ruta a seguir en los próximos meses para activar, en la práctica, el desarrollo de las competencias gallegas sobre la gestión y la ordenación del litoral.

Los detalles de dicha hoja de ruta los han dado, al término del Consello de la Xunta, la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el propio presidente, Alfonso Rueda, quien ha indicado que, aunque el acuerdo se hará efectivo el 1 de julio, el Gobierno central «irá transfiriendo previamente y de forma progresiva medios y recursos».

En concreto, el traspaso implica que el Estado ceda a Galicia 36 puestos de trabajo (entre funcionarios y personal laboral), así como 11 vehículos. En cuanto al coste económico, contempla el abono único de casi 700.000 euros para compensar el uso de espacios y más de 1,2 millones anuales para financiar servicios transferidos.

Pero la clave es que la Xunta tendrá que hacerse con toda la «documentación y expedientes del área», que no se podrán cuantificar hasta que se haga efectiva la posesión de la competencia.

Además, la Xunta recuerda que concesión de los títulos para la ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) es una de las funciones ejecutivas que tiene estatutariamente atribuidas Galicia pero, para poder ejercerlas de forma efectiva y directa, tenía que disponer de los medios personales y materiales necesarios.

Por este motivo, ha incidido en que estuvo años reclamando estas transferencias al Gobierno central con el objetivo de completar el autogobierno sobre su franja costera, un argumento que se vio reforzando en abril del año pasado tras recibir el aval del Tribunal Constitucional a la ley del litoral gallega, que había recurrido el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

«Galicia es la única comunidad con una ley integral sobre este ámbito, un reconocimiento de la marca Galicia Calidade que se extiende también a nuestro litoral», ha defendido Vázquez, antes de enumerar algunas de las primeras medidas que se van a adoptar.

Así, ha aludido la aprobación del primer Catálogo del patrimonio cultural del litoral de Galicia, cuyos trabajos técnicos están iniciados y que la Xunta prevé aprobar en el último trimestre del año.

Como punto de partida se tomó un inventario realizado por la Xunta en el año 2019 y en el que se recogen 459 bienes, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado (molinos, antiguas salazones, conserveras…) que serán ahora analizados desde la perspectiva de la ley del litoral y después de informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

El objetivo es «dignificar» este patrimonio litoral, de enorme valor y distintivo de Galicia, y que en el catálogo definitivo –que deberá aprobar el Consello– se identifiquen todos los bienes seleccionados, con indicación del área costera en la que se encuentran, se justifique su incorporación y se concreten sus usos, tanto los originales como los que a futuro puedan ser «compatibles». «Usos que no pongan en peligro sus valores culturales», ha precisado Vázquez.

DESARROLLO NORMATIVO: NUEVO PROCEDIMIENTO INTEGRADO

En el ámbito del desarrollo normativo, el Gobierno gallego regulará un nuevo procedimiento integrado y único para todas las autorizaciones administrativas y los títulos habilitantes del litoral, al tiempo que modificará el decreto que regula las autorizaciones en la zona de servidumbre de protección con el fin de adaptarlo al contenido de la norma.

Este procedimiento único, según ha relatado Vázquez, será de aplicación en lo que respecta a autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial; en las de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligro o rentabilidad; y en las relativas a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.

También a autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; y concesiones demaniales a las que se refiere el artíuclo 64 de la ley de costas, desde las requeridas para efectuar vertidos al dominio público marítimo-terrestre a las exigidas para explotaciones de acuicultura, por ejemplo.

También se contempla la creación de un registro de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. «Vemos prioritario tener un registro porque hasta ahora siempre tuvimos muchas dificultades como comunidad para conocer de primera mano todas las concesiones», ha explicado la conselleira, quien ha incidido en que este será efectivo cuando la Xunta tenga en su poder «todos los expedientes» que tiene que recibir del estado (para facilitarlo se ha creado una comisión con representantes de ambas administraciones). Eso sí, «no están digitalizados» y, por tanto, «llevará un tiempo».

PACTO GALLEGO POR EL LITORAL

Además, el Gobierno gallego impulsará un pacto gallego por el litoral, una iniciativa estratégica «para convertir la costa gallega en un ejemplo de dinamismo económico sostenible». Con él se hará un llamamiento a las fuerzas políticas, al sector productivo, al ámbito académico y a la sociedad gallega a sumarse a una iniciativa que aspira a situar a Galicia como «referente europeo en gobernanza costera desde una perspectiva integral».

Tras cerrarse el período de consulta pública de las Directrices de ordenación del litoral (DOL) el 31 de marzo, en la actualidad se está también redactando el documento inicial con el objetivo de haberlo finalizado y someterlo la aprobación en el último trimestre de 2025. Cuando estén finalizadas, se abordarán los planes de ordenación costera y de ordenación marina.

Además, este verano se prevé aprobar también el decreto regulador del Foro del Litoral de Galicia y en los próximos meses se convocará la Comisión interdepartamental de coordinación del litoral.

SIN DESCARTAR CAMBIOS EN EL ORGANIGRAMA, PERO EN NIVELES INFERIORES

Rueda ha recordado que la comunidad gallega tiene la costa más extensa de España: algo más de 2.500 kilómetros, contando el perímetro costero pero también islas, islotes, marismas y arenales; mientras Vázquez ha concretado que la Xunta gestionará «1,6 millones de hectáreas» marítimas y terrestres en «86 ayuntamientos» (se han sumado por cuestiones técnicas Tui, Coirós, Padrón y Pontecesures) que concentran «al 58% de la población gallega», es decir, 1,5 millones de personas.

Sobre si las nuevas competencias le obligarán a cambiar el organigrama de la Xunta y crear, por ejemplo, alguna nueva dirección xeral, Rueda ha respondido que es «un poco pronto para decirlo», aunque no lo ha «descartado». Eso sí, ha alejado la posibilidad de cambios en el nivel «máximo» (consellerías) de la Administración autonómica.

«Hacer algún tipo de cambios en niveles inferiores no lo descarto, pero primero vamos a ver exactamente de qué estamos hablando», ha concluido, en referencia a la necesidad de conocer el volumen de expedientes, su estado o irregularidades, entre otras cuestiones.