El preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, ha conseguido la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la clasificación penitenciaria de los internos para que puedan salir del centro a trabajar sin estar todavía en régimen abierto, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno Vasco. Covite, por su parte, ha denunciado que se trata de «un tercer grado encubierto», que califica de «indigno e injusto».

La Audiencia Nacional condenó en 2006 a Iglesias Chouzas a un total de 156 años y 11 meses de prisión por su participación en varios asesinatos: el del guardia civil compostelano Ricardo Couso, cometido en junio de 1991 en Trapagaran (Bizkaia), y el de Ramón Bañuelos, a quien ETA consideraba traficante de drogas, en octubre de 1998, además de su implicación en un atentado contra la Policía cometido en septiembre de 1990 en Bilbao.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco ha criticado, a través de las redes sociales, que se haya aplicado este artículo del Reglamento Penitenciario «al sanguinario» ‘Gadafi’.

Ese mismo año la Audiencia Nacional también le condenó a 18 años de cárcel por tirotear a un hombre en 1991 en la localidad vizcaína de Barrika. ‘Gadafi’ creía que su víctima, al que no alcanzaron los disparos, era miembro del Cuerpo Nacional de Policía.

Además, este tribunal le impuso una pena de 8 años de cárcel por robar un taxi el 20 de julio de 1991, atar a su conductor a un árbol, y avisar a la Policía de que el vehículo estaba cargado de explosivos frente al campo de fútbol de San Mamés en Bilbao.

También se le condenó a 6 años de prisión por la colocación en noviembre de 1991 de un artefacto explosivo contra un bar de Santurtzi (Bizkaia), «que parecía que era frecuentado por narcotraficantes y drogadictos», según el tribunal. La bomba fue localizada por unos transeúntes y posteriormente desactivada por la Policía.

Para Covite, asociación presidida por Consuelo Ordóñez, la concesión a ‘Gadafi’ del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario «supone un tercer grado encubierto» sin necesidad de que cumpla «los requisitos de su concesión».

«OTRA TRAMPA»

Por ello, lo considera «indigno e injusto», porque supone «otra trampa más al Estado de Derecho para favorecer a los asesinos de ETA y que salgan de la cárcel cuanto antes». «Es una vergüenza que quienes están haciendo estas trampas a nuestro Estado de Derecho son quienes tienen la obligación de garantizar nuestro derecho a la Justicia», ha subrayado.

Según ha censurado, el 100.2 «es una medida excepcional y muy controvertida, porque no es otra cosa que burlar los requisitos de cumplimiento de condena que se exigen para acceder al tercer grado». «Pero el resto de requisitos, el arrepentimiento, se deben cumplir y aquí brillan por su ausencia», ha afirmado.

También ha criticado que «burlen» el derecho a la información, recogido en la ley del Estatuto de la Víctima, al no tener obligación de comunicar la concesión de esta medida a las víctimas. «Nos sentimos totalmente desamparados por las instituciones. Se han puesto de parte de nuestros asesinos y están cumpliendo con la exigencia de ETA de ‘vaciar las cárceles», ha asegurado.

Covite ha aseverado que «la izquierda abertzale siempre ha querido a los etarras orgullosos de sus crímenes». «Lo grave es que nuestras instituciones, que deberían cumplir la ley y garantizar nuestro derecho a la justicia, están haciendo justo lo contrario», ha concluido.