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Dos años de cárcel y 233.629 euros de multa para un empresario lucense por no pagar las cuotas a la Seguridad Social

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 233.629 euros a un empresario lucense por un delito de fraude a la Seguridad Social, al no pagar las cuotas de sus trabajadores.

Según el escrito aportado por la Audiencia, los hechos se remontan al año 2016, cuando el acusado adquiere la totalidad de las participaciones de una empresa. Desde ese momento, traslada la sentencia, omitió el pago por todos los conceptos que recauda la Tesorería de la Seguridad Social.

En este contexto, el 25 de febrero de ese mismo año, el acusado, que ya tenía una deuda importante, vende las participaciones de la sociedad y nombra a varios administradores para evitar hacerse cargo de los pagos.

A medida que se incrementaba la deuda, el acusado crea en mayo de ese mismo año una nueva empresa y traspasa los trabajadores a la segunda entidad, manteniendo, según la sentencia, la dinámica de «impago sistemático de las cuotas y sin interesarse en ningún momento por las cuotas impagadas».

Los magistrados han confirmado que durante todo este período, la empresa estaba administrada de facto por el acusado, sin que los otros administradores tuviesen dominio alguno sobre la sociedad, evitando así que los nombramientos sucesivos derivase las responsabilidades a quien era el verdadero empresario.

LA CONDENA

La sala ha considerado acreditado que el acusado, «con total desprecio de sus obligaciones para con el sistema público de la Seguridad Social», omitió el pago de las cuotas, por lo que ha condenado al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de fraude a la Seguridad Social.

En este sentido, la pena impuesta es de dos años de prisión, junto con la inhabilitación por el mismo período de tiempo para ejercer la administración de cualquier empresa.

Así como una multa del doble de la cantidad defraudada, con una cuantía de 233.629 euros; la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.

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