El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha firmado este lunes el acuerdo que permite el uso del catalán, el euskera y el gallego en las sesiones plenarias del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Ya el pasado 25 de febrero el CESE dio luz verde a este acuerdo. Este es un órgano consultivo de la UE compuesto por 329 representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de la sociedad civil, de los que 27 son españoles.

Su cometido es emitir dictámenes sobre cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, y actúa como puente entre las instituciones de la Unión con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos.

El Gobierno ha dado «la bienvenida» a la decisión del CESE de «extender el uso de las lenguas cooficiales españolas a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias», lo que alinea a esta institución con la situación que ya existe en el Consejo de la UE o Comité Europeo de las Regiones, según ha explicado el Ministerio en un comunicado.

En su comunicado, Exteriores ha recordado que «la promoción del uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea es una prioridad del Gobierno para alcanzar el objetivo de llevar a Europa nuestra identidad nacional plurilingüe y de acercar las instituciones a la ciudadanía».

Cabe recordar que el Ejecutivo está inmerso en un doble proceso en la UE en esta misma línea. Así, por un lado en agosto de 2023 solicitó al Consejo de la UE la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico europeo, en el que actualmente hay 24 lenguas, en virtud de un compromiso alcanzado con Junts para su apoyo en la nueva legislatura.

Para que esto sea posible hace falta la unanimidad de los Veintisiete, algo que aún no se ha conseguido dadas las dudas de algunos miembros, que temen que pueda sentar un precedente. Para convencer a sus socios, el Gobierno se ha ofrecido a cubrir los gastos que la inclusión de estas tres nuevas lenguas pueda ocasionar. Según las estimaciones de Bruselas, el montante podría ascender a 132 millones de euros.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha solicitado al Parlamento Europeo que se autorice el uso de catalán, euskera y gallego en sus plenos, adoptando un acuerdo administrativo como los que ya existen con otras instituciones de la UE.

Esta decisión corresponde a la Mesa de la Eurocámara, que tampoco ha dado el paso, si bien la presidenta de esta institución, Roberta Metsola, ha encargado un informe sobre la implicación que tendría el uso de las tres lenguas cooficiales españolas en sus plenos.

Exteriores ha vuelto a esgrimir que «las lenguas cooficiales españolas se usan con normalidad en la mayor parte de las instituciones europeas, con la misma naturalidad que se utilizan en España en ambas cámaras legislativas, además de en todos los aspectos de la vida y la administración pública en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, en sus gobiernos y parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos».