El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido este jueves a la Xunta «altura de miras» y «colaboración» en la declaración de zonas tensionadas para lograr un abaratamiento en el precio del alquiler de viviendas.
Así lo ha manifestado durante una visita al barrio de Navia en Vigo, en la que ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero; la teniente de alcalde, Carmela Silva; la concejal de Urbanismo, María José Caride; o el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, entre otros.
Pedro Blanco ha apuntado que este jueves entra en vigor la reforma normativa que les da a las comunidades de vecinos la última palabra sobre los pisos de uso turístico en sus edificios, para garantizar la convivencia y evitar el impacto negativo de la proliferación descontrolada del alquiler turístico.
El delegado ha destacado que ésta es «una medida clave» y ha reclamado a la Xunta que «colabore» en la declaración de zonas tensionadas, que ha funcionado en otros territorios, donde el precio de los alquileres se ha reducido. «La ley funciona, pero se necesita responsabilidad y altura de miras por parte de todas las administraciones», ha recalcado.
RESPUESTA DE LA XUNTA
En respuesta a estas declaraciones de Pedro Blanco, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue (que visitaba la misma zona del barrio de Navia una hora después que el delegado y el alcalde), ha subrayado que la Xunta es contraria a la ley estatal de vivienda, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero mantiene que «la normativa hay que cumplirla».
En ese sentido, aunque ha insistido en que «el intervencionismo en el mercado del alquiler tiene efectos contrarios a los deseados», también ha remarcado que aquellos ayuntamientos que soliciten la declaración de zona tensionada, verán tramitada su petición.
Así, se producirá esa declaración «o no», en función de «si cumplimentan los parámetros establecidos en esa ley estatal», con la que, ha repetido, la Xunta no está de acuerdo.
COMPROMISO CON EL DERECHO A LA VIVIENDA
En su visita al barrio vigués de Navia, Pedro Blanco ha aprovechado para reivindicar el compromiso del Gobierno de España con el derecho a una vivienda digna, que se ejemplifica en Vigo con inversiones superiores a los 43 millones de euros, tanto para construcción como para rehabilitación de viviendas.
Al respecto, ha recordado que las viviendas que se están construyendo en el barrio de Navia, promovidas por la Xunta, cuentan con una aportación de más de 11 millones procedentes del Plan de Recuperación (el gobierno gallego cifra en 132 millones la inversión movilizada en Navia actualmente). «Hay un dato muy claro: dos de cada tres euros invertidos en vivienda pública en Galicia proceden del Gobierno de España», ha subrayado el delegado.
Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo también destina 6,5 millones al Programa de Rehabilitación de Viviendas a nivel de barrio (que permitirá la rehabilitación de 970 viviendas en zonas de Vigo como Beiramar, Teis, Coia, Lavadores o A Salgueira).
A esto se suman las ayudas para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, con una inversión de más de 21 millones de euros en Vigo para fomentar la movilidad sostenible.
EL ALCALDE PIDE «LEALTAD»
Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que también ha subrayado que el Gobierno central aporta del 25 % del coste de cada vivienda que se construye en Navia, además de los 6,5 millones de euros para rehabilitación, ha remarcado que «la Xunta tiene una enorme deuda» con la ciudad en materia de vivienda.
Así, ha denunciado que, en los últimos 17 años, el gobierno autonómico solo ha construido 62 viviendas en Vigo, donde los demandantes de vivienda protegida superan los «7.000».
Caballero ha pedido «lealtad» a la Xunta, y ha afeado la lealtad ofrecida por Alfonso Rueda, la lealtad «de los que tienden la mano y ocultan la piedra». «Tienen que decir quién aporta los recursos», ha proclamado, y ha insistido en que los fondos que recibe Vigo «en su inmensa mayoría llegan desde el Gobierno de España».
Finalmente, ha reiterado que, con la aprobación del nuevo PGOM a finales de este mes, se abre la puerta al desarrollo de más viviendas públicas, para lo que el gobierno local ya están en contacto con el Sepes (Entidad Estatal de Suelo).
