El Consello de Contas recuerda a la Xunta de Galicia que tiene pendiente de aplicación su recomendación para «transparentar» la actuación financiera de Impulsa Galicia y Recursos Naturales de Galicia.

Son dos sociedades en las que la Xunta es «el socio de referencia que posee la mayor participación de todos los accionistas», según recoge el informe económico-financiero de las entidades instrumentales de la Xunta correspondiente al año 2023, que publica Contas este martes, jornada en la que ha remitido el documento al Parlamento de Galicia.

El documento, que recoge Europa Press, responde al Gobierno gallego –que efectuó alegaciones– que «en ningún caso» el organismo fiscalizador señala que Impulsa Galicia y Recursos Naturales de Galicia sean sociedades públicas autonómicas según el criterio de la Lofaxga (la ley de organización y funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de Galicia).

«El informe señala que la existencia de indicio de control público o, en todo caso, la innegable influencia pública significativa recomienda incrementar las exigencias de transparencia y control», subraya el Consello de Contas, que, en consecuencia, no estima la alegación.

En concreto, Impulsa Galicia fue creada en abril de 2021 y se presenta como una sociedad público-privada promovida por la Xunta «para agilizar iniciativas empresariales tractoras que incidan en la dinamización, el progreso y la transformación de la economía gallega a través de un modelo verde y digital».

A finales de 2023 fue constituida la ‘utility’ Recursos de Galicia, sociedad mixta de la que forman parte 33 empresas y la Xunta, en este caso para impulsar proyectos relacionados con la producción de energía, mineros y que requieren la concesión de agua.

«NO TIENE IMPLANTADAS MEDIDAS DE GESTIÓN»

El informe remitido este martes a la Cámara autonómica constata que en el caso de la sociedad para el desarrollo de proyectos estratégicos Impulsa Galicia, «la Xunta tiene una participación directa del 40% del capital, que llega al 48% de participación total al computar con la participación indirecta y cuenta con el 50% de los derechos de voto».

En lo que respecta a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales de Galicia RDG, «la Xunta de Galicia es el mayor accionista con el 30% de participación directa en el capital social».

«La concurrencia de otros elementos en estas empresas como: la promoción pública de estas iniciativas, la composición de los órganos de administración, la sede social en instalaciones públicas, la designación de directivos y el derecho de veto o bloqueo en las decisiones de las sociedades son indicadores de control público y/o influencia pública significativa», añade.

Por eso, cuestiona que la Xunta «no ha aprobado un marco normativo ni tiene implantadas medidas de gestión que incrementen el nivel de transparencia y supervisión en estas entidades en las que la participación pública, aunque pueda no ser mayoritaria, es muy relevante».

En el apartado de recomendaciones «aceptadas pendientes de aplicación», el documento recoge la de «establecer medidas normativas y de gestión oportunas para transparentar la actuación financiera de las entidades en las que la Xunta sea el accionista, socio o partícipe de referencia (principal socio o partícipe público a pesar de que no posea aisladamente el control) y para que la actuación de estas entidades sea sometida a control, supervisión pública y rendición de cuentas».

En particular, Contas indica que esta recomendación «resulta aplicable a Meisa y filiales, Sotavento, Impulsa Galicia y en la sociedad para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales de Galicia RDG».

«Impulsa Galicia, que no rindió cuentas ni se integró en los presupuestos generales, fue creada en abril de 2021», recuerda. «La Xunta de Galicia tiene una participación del 48,02% en el capital y el 50% de los derechos de voto», reitera, y agrega que la presidencia de la sociedad corresponde a la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana.

«Teniendo en cuenta todos estos elementos, la Xunta de Galicia como accionista de referencia debe arbitrar las medidas oportunas para transparentar la actuación financiera de esta entidad y para que su actuación sea sometida a control público», destaca.